a pregunta clave es ¿qué tipo de campo queremos para México? A juzgar por las políticas realmente aplicadas se quería un campo que dejara de ser campo.
Una vía para lograrlo habría sido que las exportaciones, como el motor del crecimiento, hubieran generado más empleos formales en los sectores secundarios y terciarios, y que los mercados funcionaran mejor sin intervenciones del Estado. En el caso de la alimentación se hubiera requerido que una parte sustancial de las necesidades domésticas se cubrieran con importaciones baratas de alimentos. Después de 2008 tenemos mercados internacionales altamente erráticos.
Además ni el crecimiento económico ni el empleo formal han estado a la par de las predicciones. Ha habido corrientes migratorias gigantescas del campo a la ciudad, pero para engrosar los cinturones de miseria y sobre todo hacia Estados Unidos, como válvula de escape, hasta hace unos años. A lo anterior se suma una pobreza rural dura que no se reduce y una productividad que no crece suficientemente.
Necesitamos por ello otra visión de campo que lo haga parte de la modernización y no rémora a superar.
Para una efectiva articulación entre políticas sociales y políticas de fomento productivo se requiere una política alimentaria.
Su hilo conductor debe ser la seguridad alimentaria, como plantea la FAO, que exige disponibilidad de alimentos, acceso a éstos mediante una política de ingresos adecuada y una clara atención a la dimensión nutritiva. Además nuestro país tiene como referencia central el cumplimiento del derecho a la alimentación señalado en el artículo cuarto constitucional.
Para esto se requiere modificar drásticamente el gasto público. Deben reorientarse los subsidios hoy regresivos, porque favorecen a los grandes agricultores, hacia la producción en pequeña escala que aporta 40 por ciento de los alimentos, y a la producción de bienes públicos como infraestructura, investigación e innovación, salud, calidad de alimentos e información confiable sobre el campo y sus expresiones en los mercados nacional e internacionales.
Esta política tendría que estar orientada a los territorios y al desarrollo regional para establecer vínculos urbano-rurales, entre productores y consumidores y para el impulso efectivo de cadenas de valor.
Más allá del gran diseño es necesario además superar dos distorsiones en el ámbito del diseño y aplicación de programas y proyectos rurales.
La fragmentación de los programas no es resultado sólo de una falla de coordinación interinstitucional. Los programas orientados a los productores rurales en pequeño, desde su diseño están condenados al fracaso. Proyectos pobremente concebidos con ausencia total de consideraciones para el éxito económico.
Más grave aún en el ámbito de la aplicación de proyectos, el poder de la ventanilla ha terminado por colonizar todos los programas productivos. La ventanilla es el embudo donde tienen que acudir los llamados beneficiarios llevando consigo la documentación mas extensa y extravagante, definida por unas reglas de operación generadas para dar transparencia y evitar corrupciones. No evitan lo segundo, parecen sacadas del peor experimento estalinista y lo que sí hacen es obligar a que los supuestos beneficiarios recurran a intermediarios.
Ese poder de la ventanilla existe y se ha desarrollado por la presencia de bufetes técnicos conformados a menudo por antiguos y quizás actuales funcionarios públicos. Su especialidad es el manejo de barrocas reglas de operación (ROP), que conducen a presentar en la ventanilla, proyectos productivos a destajo como si fuera salchichas.
Transformar esa barrera hasta hoy infranqueable con reglas breves, cortas y transparentes que faciliten y no obstruyan el acceso directo de los campesinos a los recursos públicos, sería el inicio de una verdadera transformación en el campo.
http://gustavogordillo.blogspot.com/
Twitter: @gusto47
