nos a otros se acusan prácticamente de lo mismo: relaciones impropias con delincuentes, corrupción y enriquecimiento inexplicable. Las incriminaciones de ambos, en efecto, podrían tener razón, pues aparecen en fotografías comprometedoras, se les menciona en medios como propietarios de bienes difíciles de adquirir exclusivamente con el salario de la burocracia, aun de altos vuelos, que en el país ha edificado fortunas fáciles de seguirles el rastro.

Su juego, su rencilla, originada hace más de 30 años, está encima de cualquier consideración social y sólo responde a la disputa por el poder que representa gobernar una entidad cuyo presupuesto anual alcanza cien mil millones de pesos, además de otras prebendas propias de la forma autoritaria y vertical con que se ejerce la función pública en el estado.

En ese añejo conflicto entre los irreconciliables Fidel Herrera y Miguel Ángel Yunes, la sociedad veracruzana aparece como simple invitada a presenciar un espectáculo público en el que ambos y sus camarillas, arrogándose una representación ciudadana que sólo existe como entelequia, han llevado al estado a la ruina financiera, a la parálisis social y a la incertidumbre en el futuro.

Hasta hace poco, el pleito callejonero sucedía en el estado con picos y altibajos señalados por los tiempos electorales y pocas veces tenía repercusiones en la capital del país.

Con la proximidad de la sucesión gubernamental, la confrontación se reactiva y el caos económico del gobierno de Javier Duarte será visible en la legislatura federal cuando el diputado plurinominal blanquiazul salga a tribuna, acaso para tender una cortina de humo sobre sus propios pecados como ex director del Issste en el calderonato.

Podría ser una lucha desigual, pues mientras la fracción panista veracruzana consta de cuatro diputados, la alianza PRI-PVEM alcanza 20 legisladores, todos con la etiqueta del gobierno estatal, la gran mayoría ex funcionarios identificados con el grupo en el poder.