El gobierno de Tlaxcala, por conducto de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de ese estado, ha insistido en tratar de convencer a los trabajadores de Calzado Sandak para que acepten laborar conforme a las exigencias de la empresa, es decir, bajo el sistema de trabajo a domicilio, por destajo, renunciando a su contrato colectivo y a sus derechos laborales adquiridos.

Así lo denunciaron integrantes del Sindicato Único de Trabajadores de Calzado Sandak y representantes laborales de los mismos en un documento que entregaron al gobernador estatal, Mariano González Zarur, en el cual le solicitan que el Poder Ejecutivo estatal saque las manos de este conflicto que ha durado más de cuatro años.

Indicaron que dicho gobierno se a conducido en forma totalmente parcial, así como las autoridades laborales del estado, ya que la empresa ha actuado de manera arbitraria, al violentar las garantías de libertad sindical, desconociendo el derecho de huelga de los trabajadores e incluso cerró sus instalaciones de manera unilateral, sin que se le haya reconvenido legalmente por estas acciones.

En tanto, las autoridades estatales, desde el comienzo del conflicto, quisieron convencer a los trabajadores de que aceptaran las condiciones de la empresa, que simplemente ya no les quería pagar sueldos ni prestaciones, sino que éstos se llevaran el trabajo a sus domicilios y pagarles a destajo, es decir, una cantidad mínima por cada unidad producida.

La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de Tlaxcala ha tenido incluso una actuación penosa, ya que lejos de defender los derechos de los trabajadores, ha actuado en forma parcial en favor de los patrones, primero al declarar la huelga como inexistente, luego negándose a certificar el regreso de los sindicalizados a laborar.

Además, les negó la toma de nota y, finalmente, se limita a señalar que los trabajadores fueron despedidos, que sus liquidaciones ya fueron depositadas y que tienen que pasar a cobrarlas, toda vez que no ha habido un procedimiento legal para la terminación colectiva de las relaciones de trabajo, expusieron los integrantes de este gremio.

Hicieron ver que se ha utilizado toda la fuerza del Estado contra su sindicato, al extremo de criminalizar el ejercicio de los derechos de este gremio, con las detenciones del secretario de Organización, Epifanio García Carrillo, y del secretario general, Gustavo Labastida Adriano, que están presos con cargos falsos.