ras un prolongado encuentro en la capital de Ecuador, los presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos, y Venezuela, Nicolás Maduro, anunciaron en una declaración conjunta –leída por el presidente ecuatoriano Rafael Correa, mediador, junto con el mandatario uruguayo Tabaré Vázquez– el retorno inmediato de los respectivos embajadores, que habían sido retirados; la realización de una investigación conjunta de la situación de la frontera, una reunión bilateral de ministros para tratar los aspectos más preocupantes de la crisis fronteriza, que deberá reabrirse en forma paulatina, y la continaución de los contactos con el acompañamiento de los gobiernos ecuatoriano y uruguayo.
Como se recuerda, la situación en la línea divisoria entre ambas naciones sudamericanas ha venido degradándose en semanas recientes, tras un ataque armado procedente de Colombia en el que resultaron heridos dos militares venezolanos. A ello se agregaron los señalamientos de Caracas de que paramilitares, contrabandistas y delincuentes comunes del país vecino habían sentado sus reales en la zona limítrofe, y la decisión de expulsar a más de mil colombianos que residían en la región fronteriza. El pasado fin de semana Bogotá denunció que aviones militares venezolanos y tropas extranjeras incursionaron en el departamento colombiano de La Guajira. Para colmo, un moderno avión de combate Su-30, de la Fuerza Aérea Bolivariana, se estrelló el pasado domingo cerca de la frontera común cuando, al parecer, perseguía a una avioneta de presuntos narcotraficantes.
En tales circunstancias, el acuerdo anunciado ayer en Quito resulta esperanzador. Es claro que en las circunstancias actuales una confrontación entre ambos países sería un escenario de pesadilla para ambos pueblos y gobiernos. Santos busca sacar adelante un acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para poner fin a una guerra interna que ya dura medio siglo, en tanto que Maduro se encuentra abrumado por una ofensiva política y económica de la derecha venezolana, respaldada por Estados Unidos y por figuras de la reacción internacional, y que no oculta sus propósitos desestabilizadores.
Llama la atención el hecho de que los beneficiados por la agudización del conflicto fronterizo colombo-venezolano serían precisamente quienes en Colombia buscan descarrillar las conversaciones de paz entre el gobierno y la guerrilla –empezando por el ex presidente Álvaro Uribe, cercano al paramilitarismo y al narcotráfico– y quienes en Venezuela se empeñan en explotar a fondo los problemas de abasto e inflación que enfrenta el gobierno chavista.
Se espera, pues, que la voluntad política y el ánimo negociador logren abrirse paso y que ambas naciones hermanas puedan avanzar hacia la plena normalización diplomática y la reapertura total de la frontera común, y que las diferencias ideológicas –ciertamente notables– entre ambos gobiernos no impidan la coexistencia armónica entre sus sociedades y sus economías.
