l pasado 6 de septiembre se inició el preludio del primer aniversario de la desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, que se cumple el próximo 26 de septiembre. El informe Investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa, del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), rompió el impasse en que la Procuraduría General de la República (PGR) estaba instalada a partir de la autodenominada verdad histórica de Jesús Murillo Karam. También en los medios, a raíz del informe, se colocó el debate sobre la imposibilidad de que los 43 estudiantes desaparecidos hubiesen sido quemados en el basurero de Cocula y la propuesta de una nueva línea de investigación en torno al posible contenido de narcóticos en el quinto autobús de la comitiva estudiantil, uno de la empresa Estrella Roja, con número 1531, cuya toma fue circunstancial y no aparece destacado en la averiguación previa.

El gobierno federal asumió el informe sin dar la cara directa a los cuestionamientos. Rol que asumen algunos medios y articulistas que intentan defender la verdad Murillo a partir de descalificar al GIEI y a su perito principal sobre Cocula. En ese contexto, la PGR ha propuesto un nuevo peritaje, mientras también se intenta relativizar la tesis del quinto autobús, insinuando que sí está considerado en el expediente, pero por una suerte de prudencia inexplicable no lo enfatizaron. Díficil creerles que no lo señalaron porque protegían a las víctimas, para que no fueran acusadas de ligas con la delincuencia organizada, cuando el GIEI con toda contundencia señaló que no aparecía ningún elemento que llevara a tal supuesto, y abundaron en que los estudiantes no estaban armados, fueron rafagueados por policías diversas, con y sin uniforme, y ellos intentaron defenderse a pedradas. Y se preguntaba el GIEI: si tuvieran participación y/o complicidad en un cargamento de tal envergadura, ¿estarían con las manos vacías? Esta línea no descubre lo que ha sido obvio: la colusión policiaca con bandas de delincuencia organizada; coloca en el centro la probable motivación para el ataque feroz contra los estudiantes en torno a los autobuses que tomaron circunstancialmente, hay que subrayarlo. Por cierto, desde la procuraduría de Guerrero han señalado que en la documentación que entregaron a la PGR sí aparecía detallado el quinto autobús. ¿Otro cabo suelto en la cadena de responsabilidades que también habrá que reconstruir?

Un breve recuento nos permite valorar las posibilidades de solventar las numerosas observaciones a la investigación, de manera que conduzca a dar con el paradero y/o destino de los estudiantes desaparecidos, a los que de forma nada casual un funcionario de la PGR definió en calidad de cautivos, sin dar sustento a dicha denominación. Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como la Corte Interamericana han establecido que la desaparición forzada de personas tiene un carácter permanente o continuado y persiste mientras no se conozca el paradero de la persona desaparecida o se identifiquen con certeza sus restos.

Recordemos que el gobierno federal intentó ubicar el caso Ayotzinapa en el plano local municipal y fue la presión nacional e internacional la que lo llevó a la atracción del mismo dos semanas después de los hechos ominosos. Sabemos que las primeras diligencias son definitivas en una investigación. El 29 octubre de 2014 Enrique Peña Nieto recibió en Los Pinos a las madres y los padres de los 43 estudiantes desaparecidos. Se acordó intensificar la búsqueda; los alumnos y familiares pidieron redirigir la investigación, insistiendo en buscarlos vivos y formar una comisión mixta para informar a familiares; apoyo al trabajo de peritos argentinos; redignificación de la infraestructura y espacios de las normales rurales del país, sin referir el reconocimiento de su modelo de formación. Se reiteró la disposición a pactar con la CIDH asistencia técnica en la investigación, lo más claro en términos de cumplimiento. Días después, el 7 de noviembre, la PGR presentó su verdad histórica, afirmando que los 43 estudiantes desaparecidos fueron incinerados en el basurero de Cocula; se encontraron algunos restos y se enviaron al laboratorio de la Universidad de Innsbruck, Austria, donde se identificó a Alexander Mora Venancio. El próximo jueves se reunirán de nueva cuenta los familiares de los estudiantes con Peña Nieto y ya se anunció la detención de Gildardo López Astudillo, pieza clave en la verdad Murillo. También ligado a la operación Cocula se informó a la prensa que en Innsbruck se identificó a Jhosivani Guerrero de la Cruz, cuestión que fue rechazada por sus padres con respaldo técnico de los peritos argentinos. ¿Jaque al informe del GIEI? ¿Cuál fue el destino de los normalistas de Ayotzinapa? Acompañemos a sus madres y padres ¡hasta encontrarlos!