contados días de la tensa conmemoración primera de los hechos de Iguala, los resortes institucionales de respuesta a las demandas populares siguen tan enmohecidos y chirriantes como al principio. Así como Miguel de la Madrid nunca pudo remontar la etiqueta de grisura indolente que se ganó (no sólo) con su tardanza en responder ante el terremoto de 1985 (que, en cambio, propició una histórica solidaridad ciudadana), Enrique Peña Nieto no ha podido ‘‘superar’’ ni la tardanza de 12 días en asumir su obligación de investigar desde el plano federal (demora cometida bajo la torpe expectativa de que la responsabilidad de La noche de Iguala quedara solamente en el ámbito estatal, con el ‘‘perredista’’ Ángel Aguirre como máximo responsable y no más) ni la abominable construcción de una ‘‘verdad histórica’’ hoy radicalmente insostenible.

Fallas estructurales múltiples en la institución presidencial (el mando máximo del país, ocupe quien ocupe la silla) y en el sistema en su conjunto: Los Pinos y su entrampado aparato político, económico, mediático, policial y militar; el Congreso de la Unión, cuyas cámaras han reiterado su vocación por las escaramuzas de oropel, pero de ninguna manera a favor de la auténtica representación de las demandas y los intereses populares; el Poder Judicial, sumido en general en el pantano de la corrupción, el mercantilismo político y las consignas de los poderosos (de los políticos y del crimen ‘‘organizado’’, que también es el político), e incluso los entes presuntamente autónomos, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y organismos pretendidamente representativos de la ‘‘sociedad civil’’ (a la que nunca se consulta para imponer a esos ‘‘representantes’’ en comités a modo, con disfraz de pluralidad).

Un ejemplo de esa incapacidad institucional para salir adelante de la crisis derivada de Iguala se vivió ayer en el Senado, donde el yucateco Emilio Gamboa Patrón, tan representativo de los intereses de la cúpula política y económica, habría respondido con un ‘‘¡háganle como quieran!’’ (según la versión dada a conocer por el poblano Manuel Bartlett en la tribuna de esa cámara, conforme a la nota de Andrea Becerril y Víctor Ballinas en La Jornada) a la propuesta de PAN, PRD y PT para facultar a una comisión internacional o a una fiscalía especial para ahondar en las investigaciones sobre la tragedia de Iguala. Cerrazón total del Revolucionario Institucional y su satélite más cercano, el partido de las cuatro mentiras (PVEM), para impedir que un caso histórico, que no ha podido ser atendido adecuadamente ni resuelto por los poderes nacionales, tachados además de complicidad activa o pasiva, sea investigado por instancias internacionales conforme a las normas derivadas de convenios y tratados que México ha firmado en teórico ejercicio soberano.

En el terreno guerrerense no hay tanta predisposición a que se haga lo que se quiera. Miles de policías federales y militares están en alerta para enfrentar y contener las movilizaciones de protesta (como sucedió ayer en un túnel carretero en el que se impidió el paso de grupos de estudiantes que a bordo de autobuses pretendían llegar a Chilpancingo), además de cuidar de manera especial instalaciones y edificios públicos que podrían ser objetivo de ataques violentos de una parte del conjunto de manifestantes, justo esa parte que está totalmente convencida de que las vías institucionales (ya no se diga las partidistas o las electorales) no ofrecen ni ofrecerán respuestas justicieras aceptables.

Peña Nieto alista, en tanto, su arsenal retórico para el difícil encuentro de este jueves, a la una de la tarde, con los familiares de los 43 desaparecidos y con miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-CIDH). Hay un orden del día que pretende someter a cauces muy bien trazados lo que podría ser un desahogo de esos familiares que no creyeron antes en la palabra del habitante de Los Pinos, pero ahora sienten plenamente confirmada esa desconfianza. Hay, además, la advertencia de que el 26, cuando se cumpla un año de las desapariciones, cuando habrá manifestaciones en varias ciudades del país y el extranjero, se ‘‘ajustarán cuentas’’ (signifique eso lo que signifique) con ese poder incumplido si no ofreció respuestas aceptables este jueves. En Iguala, además, se refuerza la vigilancia militar, con especial acopio de hombres y equipo en el 27 batallón de infantería, el de las respuestas que no pudieron obtener los expertos internacionales.

Es de leerse, mientras tanto, lo que ha escrito el periodista Javier Valdez Cárdenas en su más reciente libro, Huérfanos del narco (editado por Aguilar): ‘‘El presidente del país dice que le duelen los torturados y los muertos, pero su dolor es inacción para las víctimas, es herida fresca y llaga, es nada para la salvación. Los juristas gruñen y riegan cifras ateridas, inútiles, mientras los desaparecidos, que no son 43 ni 100, sino miles, se ahogan en sus fosas de pánico y desmemoria’’.

Así dice otra parte del prólogo que redactó Valdez Cárdenas, corresponsal de La Jornada en Culiacán y miembro del heroico grupo que en la capital sinaloense sostiene el semanario Riodoce, en su libro dedicado a las historias de los niños que en este Apocalipsis (el del narco y el de la política) han perdido a sus padres: ‘‘¿Quién le dirá a estos niños que la pinche vida, la perra y miserable vida escondió a sus padres, a su madre quizá, a su abuelo, a su hermano, en su risa huesuda y sangrante?’’

Y mientras el senador guerrerense Armando Ríos Piter ha renunciado a seguir buscando la presidencia del Partido de la Revolución Democrática (PRD), subrayando como reprobable la reciente aprobación perredista de ‘‘casuísticas’’ alianzas electorales con Acción Nacional, ¡hasta mañana, con el rector saliente de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro, llamando a la ‘‘tolerancia’’ cuando está por iniciar el proceso de sucesión que podría entregar abiertamente el control de esa ambicionada casa de estudios al grupo de Los Pinos!

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