José María Morelos y Pavón, diputado por Nuevo León al primer congreso constituyente de los mexicanos, debemos la convocatoria a esta asamblea fundacional, cuyo fruto mayor sería el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, así como el documento inspirador de sus debates titulado Sentimientos de la Nación.

En ambos textos se consignaban principios que nos han acompañado a lo largo de más de dos siglos de lucha por la conquista de la autodeterminación aunque, como ha ocurrido con los demás que formalmente nos han regido, en la práctica no se los acate: la soberanía radicada en el pueblo, la abolición de la esclavitud y de la tortura con fines legales y judiciales; la presunción de inocencia hasta no ser sentenciados culpables mediante juicio; la exigencia de moderar la opulencia y la indigencia.

Contra la insignificancia que para el grueso de los diputados y senadores representan nuestra historia, nuestros símbolos, la identidad cultural y política del pueblo, este año en que se cumple el 250 aniversario del natalicio de Morelos y el bicentenario de su muerte, hay que insistir en recordar esos principios para mantenerlos vivos.

Con lo que he visto y experimentado desde 1968, nada debía sorprenderme, pues, en materia de derechos fundamentales, legalidad, estado de derecho, debido proceso y el conjunto de instituciones y prácticas que hacen de un país una república soberana y democrática, todo sigue igual. Y acaso peor. A un año del crimen de Ayotzinapa, el gobierno no nos ha podido ofrecer hechos convincentes derivados de una investigación rigurosa. Al contrario, una y otra vez lo que nos deja percibir es que tras ese crimen aparecen por todas partes sus huellas dactilares.

Veo a los senadores y diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y sus aliados defendiendo la mentira, encubriendo crímenes horrendos, aprobando iniciativas presidenciales que atropellan y hasta pretenden desaparecer derechos humanos, por cuya vigencia se ha sacrificado nuestro pueblo; poniendo en manos de pocos –nacionales o extranjeros– la soberanía, arrebatándola a sus legítimos titulares; privilegiando al uno por ciento de la población y militando en contra de lo que puede beneficiar al 99 por ciento; haciéndose cómplices, a voces o con su silencio, de un régimen dictatorial que va creciendo incontenible frente a nuestros ojos: asesinatos múltiples, desapariciones forzadas, sustitución de responsables reales por chivos expiatorios mediante la extorsión sicológica y la tortura corporal, acallamiento de voces críticas, espionaje oficial generalizado, colusión de autoridades con el crimen organizado.

Pero no dejo de sorprenderme cuando leo la frase de Vicente Guerrero en la parte superior del muro de honor de ambas cámaras: La Patria es primero, mientras la mayoría de quienes suben a la tribuna hacen esa ominosa defensa y niegan con ello su sentido ético e histórico.

Los diputados y senadores priístas y sus aliados han hecho perder, desde hace más de una década, la autonomía del Poder Legislativo, que fue conquistada con la reforma de 1996, y convirtieron de nueva cuenta a este poder en una instancia subordinada al ejecutivismo imperante.

Esa autonomía la reivindica el diputado que coordina al grupo parlamentario del PRI en Nuevo León. Dijo que su partido actuaba sometido al gobernador en anteriores legislaturas por pertenecer al mismo partido, pero que ahora obrará con total autonomía frente al gobernador independiente. Esta autonomía, como ya se vio ( La Jornada en línea, 19/9/15) no la ha hecho valer con el gobernador aún en funciones, el priísta Rodrigo Medina, a quien le ha aprobado en comisiones, a contrapelo de la opinión ciudadana, las cuentas públicas de su gobierno.

Medina deja la deuda más grande de los estados del país; obras inconclusas para las cuales había recursos presupuestados cuyo destino, como en otros casos, permanece en la opacidad; escándalos de corrupción y despojo vinculados a los de nepotismo. Prometió aclarar las acusaciones públicas que se le han hecho después de las elecciones de junio (por respeto a la veda). Otra mentira.

En unos días más, Medina dejará el puesto. Jaime Rodríguez Calderón, el gobernador electo, ha dicho que si hay pruebas, lo meterá a la cárcel. Algunas de éstas residen en las cuentas de su administración y los diputados del Congreso estatal, salvo los del Partido Acción Nacional –menos dos que desertaron de sus filas para sumarse a los que le confeccionan un traje blindado al gobernador priísta– se han encargado de aprobarlas. Así que se vislumbra un episodio más de impunidad. Las elecciones no parecen resolver nada, y la rotación del poder, tampoco. Los que se supone son los representantes de la soberanía, según el artículo 39 de la Constitución vigente, ya no actúan siquiera en función de las futuras elecciones. Las futuras generaciones, como no sean las de su familia, son para ellos terra ignota. Ni la patria del presente ni la del futuro.

Las organizaciones civiles con mayor presencia en términos de vigilancia y contraloría social del gobierno han planteado algo sin duda inédito: demandar penalmente a los legisladores que aprobaron las cuentas del gobierno de Medina. Y esto conduce a replantearse la extensión del fuero de todos los que lo detentan. Conduce igualmente a revisar las atribuciones que por ley deben corresponder a las minorías en la asamblea política, a fin de abandonar esa gran distorsión de los métodos democráticos que establece que quien gana por uno o más votos gana todo.