ecía Winston Churchill que en tiempos de guerra la verdad es tan valiosa que debe ser protegida por un cinturón de mentiras. Y en la crisis económica también encontramos un fértil ecosistema en el que proliferan mentira y engaño para proteger a la verdad, o lo que quede de ella.

Hoy que Syriza ha vuelto a triunfar en las elecciones griegas, el tema de la restructuración de la deuda adquiere mayor relevancia. Tsipras y su partido se presentan ante el electorado y la opinión pública como los únicos capacitados para lograr este objetivo que se les escapó en su primer mandato. Pero los nuevos intentos se enfrentarán a las viejas mentiras.

Desde que estalló la crisis en Europa se dice repetidamente que es necesario aplicar las reglas y los tratados fundamentales de la unión monetaria. Esa retórica se refiere en primera instancia a la necesidad de pagar las deudas adquiridas y, en segundo lugar, a la imposibilidad de rescatar a una economía en peligro de caer en insolvencia y suspensión de pagos.

¿Cuál es el fundamento legal de la segunda regla? Normalmente se hace referencia al artículo 125, párrafo primero, del Tratado de la Unión Europea en su versión consolidada. Esa disposición dice que ni la Unión, ni los estados miembros asumirán o responderán de los compromisos de los gobiernos centrales, autoridades regionales o locales u otras autoridades públicas, o empresas públicas de los estados miembros, sin perjuicio de las garantías financieras mutuas para la realización conjunta de proyectos específicos.

Este artículo es la expresión de lo que comúnmente se ha llamado la cláusula de no rescate en el contexto de la crisis europea. Pero la letra de esta disposición solamente prohíbe a la Unión o a los estados miembros asumir las deudas de otros estados miembros. No prohíbe hacer préstamos para ayudar a otro Estado miembro a superar una crisis.

Lo más importante: ¿dónde se prohíbe explícitamente la restructuración de deudas de un Estado miembro? La respuesta: en ninguna parte. El artículo 125.1 no prohíbe la reducción de tasas de interés ni la extensión de plazos o el posponer el pago de intereses o de principal. Schäuble y sus amigos en el Ecofin no tienen argumentos legales para oponerse a una restructuración de la deuda griega. Lo único que les queda es aferrarse al dogma neoliberal.

Aunque lo anterior puede parecer extraño, esta es la interpretación avalada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en el caso Pringle contra el gobierno de Irlanda. El TJUE está encargado de la interpretación y aplicación del marco legal de la Unión Europea. Ese caso fue iniciado por el diputado irlandés Thomas Pringle al cuestionar el procedimiento de creación y la legalidad misma del mecanismo europeo de estabilidad (MES). Este mecanismo fue creado en 2010 por la vía rápida y formalizado en un tratado especial en 2012. El mandato del MES es velar por la estabilidad macroeconómica y asegurar el funcionamiento de los fondos de rescate que marcaron las primeras respuestas de las instituciones europeas frente a la crisis. En el caso Pringle el Tribunal desestimó el alegato de Pringle, tanto en el tema de fallas de procedimiento, como en el aspecto medular sobre el MES.

No sorprendió entre los economistas y los enamorados de los dogmas sobre libre mercado el fallo del TJUE. Pero en el ámbito forense esta decisión se vio con preocupación. Se trata de un fallo superficial que no corrige los vicios de origen de muchos cambios introducidos en los tratados constitutivos de la UE para tranquilizar a los mercados financieros.

El ejemplo anterior no es el único con bases legales endebles. El programa del Banco Central Europeo (BCE) sobre Transacciones monetarias directas (OMT, por sus siglas en inglés) es otro ejemplo importante. Ese mecanismo permite al BCE comprar bonos de corto plazo en el mercado secundario para reducir el costo de financiamiento para países europeos. Pero hoy la controversia legal subsiste: el anuncio de la creación del OMT en una rueda de prensa es casi el único fundamento legal de dicho programa. Estoy exagerando, claro, pero no por mucho.

Desde que estalló la crisis el régimen de derecho en la Unión Europea se encuentra sometido a tensiones insoportables. El ‘modo de emergencia’ ha conducido a delegarle al BCE todo tipo de facultades, algunas de las cuales carecen de fundamentos legales robustos y otras simplemente hacen que la idea de rendición de cuentas sea una mala broma. El rescate es y será para los amigos.

Hoy los gobiernos e instituciones europeas le responden cada vez menos a la gente. El estado de derecho se ha convertido en el manto protector de la arbitrariedad. La ayuda y la flexibilidad para los amigos y aliados, la regla dura y la rigidez para nuestros enemigos. Esas son las verdaderas reglas de Schäuble y sus amigos.

La señora Christine Lagarde lo dijo en 2011 con gran claridad: los líderes de la Unión Europea tuvieron que violar la ley para salvar al euro. Pero ya se le había adelantado Esquilo, al señalar que la verdad es la primera víctima en una guerra.

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