a buena, que en los últimos tres meses los precios de las gasolinas se desplomaron entre 14 y 15.4 por ciento y los del diésel 12.5 y 15.1 por ciento, lo que ha beneficiado ampliamente a los consumidores. La mala, que esas caídas no han sido en México, sino en Estados Unidos y Guatemala, respectivamente, países no sólo fronterizos con el nuestro, sino con realidades energéticas opuestas (de la abundancia a la carencia, en cada caso).

En Guatemala tiran presidentes y precios de los combustibles, pero –lástima– en México (productor, refinador y exportador de hidrocarburos) no, y los precios se mantienen sin modificación desde el pasado primero de enero, cuando el gobierno federal dio fin a su política de gasolinazos, no sin antes advertir a los consumidores –vía Diario Oficial de la Federación– que en caso de que los precios internacionales de estos combustibles experimenten alta volatilidad, el Ejecutivo federal preverá mecanismos de ajuste que permitan revisar al alza los incrementos de los citados precios, de manera consistente con la evolución del mercado internacional.

Pero como en el gobierno mexicano nadie conoce la ley de la gravedad y para sus integrantes Newton no es más que una avenida en Polanco, aquí todo lo que sube nunca baja. Resulta que la citada alta volatilidad ha sido en sentido inverso y en ningún momento ha considerado la posibilidad de reducir los precios internos de los combustibles. A la hora de aumentarlos, la justificación de los tecnócratas siempre ha sido la necesidad de equiparar los precios internos con los de nuestro principal socio comercial (Estados Unidos), pero cuando la situación es en sentido contrario, ni quién se acuerde.

Cuando se aplicó el último –oficialmente– gasolinazo (1.9 por ciento de aumento), el precio del barril mexicano de exportación se vendía a 45.45 dólares, pero los mexicanos pagaban sus gasolinas a un precio tres veces superior. El barril de crudo contiene 159 litros, y por aquellas fechas el gobierno mexicano lo exportaba a 45.45 dólares, pero ya refinado (interna o externamente) lo revendía a los mexicanos a cerca de 149 dólares, como promedio.

Actualmente en México un litro de gasolina Premium se vende 31 por ciento más caro que en Estados Unidos y 14 por ciento más que en Guatemala, con todo y que, si se mide en dólares, la devaluación de la vapuleada moneda nacional ha reducido la brecha.

Lo que lejos de reducirse se ha incrementado sostenidamente es la captación fiscal, por medio del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) aplicado a los combustibles: más de 127 mil millones de pesos tan sólo en el primer semestre de 2015, un monto superior al recorte presupuestal anunciado, también en enero pasado, por el renombrado ministro del (d) año. Para el consumidor, pues, altísimo precio de los combustibles y un titipuchal de impuesto.

En un inventario de cien países elaborado por los analistas de Global Petroprices, en los últimos tres meses 74 de ellos redujeron los precios de sus gasolinas y diésel; 16 los incrementaron (Kirguistán y Zambia los de mayor proporción: 12.5 y 30 por ciento, respectivamente, aunque el primero redujo 2.6 por ciento el precio del diésel).

Todas las naciones latinoamericanas redujeron sus precios de las gasolinas (en algunos casos hasta 15.5 por ciento, como en República Dominicana y 14.8 por ciento en Honduras), salvo tres de ellas que los aumentaron (Argentina, 3.8 por ciento; Chile, 2.6, y Colombia, 1.1). Y en el resto del planeta se registran fuertes caídas en los precios, como en Austria (10.6 por ciento), Bélgica (12.1), China (10), Croacia (10.7), Dinamarca (10.2), Hungría (11), Islandia (11.5), Jordania (13.7), Noruega (10), Filipinas (10.3), España (13), Suecia (11.8), Vietnam (11.8) y muchos más.

El gobierno peñanietista reconoce que la caída en los precios del petróleo ha presionado a la baja los precios de la gasolina y las refinerías mantienen una abundante producción, debido a que han tomado ventaja de la creciente producción de crudo. Asimismo, el margen de refinación de la gasolina se ha ampliado, debido a que los bajos precios de los combustibles han generado un incremento en la demanda de los mismos… pero aquí se venden los combustibles 31 por ciento más caro que en Estados Unidos y se exprime al consumidor vía fiscal.

Pero bueno, como un día propone una cosa y al día siguiente la modifica, para 2016 (Criterios Generales de Política Económica) ese mismo gobierno propone algo distinto a lo originalmente aprobado en la reforma energética, es decir, ya no será en 2018 cuando el mercado de los combustibles se abrirá a la libre competencia (como lo autorizó el Congreso), sino en 2016.

El gobierno peñanietista lo plantea así: “se propone adelantar la liberalización de los precios de los combustibles planteada por la reforma energética para 2018. Esta medida permitirá a las familias mexicanas disfrutar de menores costos cuando, como ha ocurrido recientemente, se reduzca el precio internacional de los combustibles. Asimismo, esta medida permitirá al gobierno federal estabilizar el ingreso de los impuestos asociados a los combustibles y en un futuro evitar que el IEPS de gasolinas se torne negativo, lo que implicaría un subsidio que históricamente ha demostrado ser sumamente regresivo dado que es una transferencia que beneficia primordialmente a los deciles con mayores ingresos de la población…

La propuesta de liberalización de los precios de los combustibles contempla un nivel de precios mínimo que, en casos extremos, permitirá a Petróleos Mexicanos cubrir sus costos de producción y distribución, y contempla también un nivel de precios máximo que permitirá una transición ordenada hacia un precio determinado por el mercado y protegerá el bolsillo de las familias mexicanas en casos de incrementos pronunciados de los precios de los combustibles. Como parte del proceso de transición, se propone establecer una banda para las fluctuaciones de precios, de forma que se acoten los movimientos al alza y a la baja de los combustibles. Es necesario que el esquema tributario que aplica al sector se modifique a uno que sea congruente con el nuevo entorno del mercado de combustibles. Para ello, se propone adoptar un esquema de impuesto de cuota fija a los combustibles automotrices, como el utilizado en la amplia mayoría de las economías de mercado. Con ello, el impuesto a los combustibles automotrices dejará de estar referenciado al desempeño y costos de Petróleos Mexicanos, como sucede actualmente.

Las rebanadas del pastel

Y el billete verde a 17.40 bilimbiques, con todo y que el Banco de México quemó 400 millones de dólares adicionales.

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