n octubre de 2013, el entonces director, Sebastián Lerdo de Tejada, ofreció fortalecer la misión social de Pensonissste, observando que, pese a registrar uno de los mejores rendimientos, perdía considerables afiliados: es la única Afore pública, pero los cotizantes cambian por mala promoción.

Después, José María de la Torre, su vocal ejecutivo, comunicó que, en 2014, invertirían entre 80 y 140 millones de pesos para abrir 120 centros de atención, buscando captar más cuentas. Porque, aunque hasta 95 por ciento de los cuentahabientes son funcionarios del gobierno, esperaba incrementar con quienes laboran en la iniciativa privada.

El paquete económico 2016 contiene la iniciativa Peña para autonomizar Pensionissste del instituto y dotarlo de autonomía operativa, normativa y de gestión ( Gaceta Parlamentaria, Palacio Legislativo de San Lázaro, 8/9/15, Anexo 4).

Alega que la Ley del Issste lo configuró como órgano de carácter social, sin fines de lucro y con el beneficio adicional de que la utilidad no se destina a dividendos sino a fortalecer el ahorro de los trabajadores, satisfechos sus costos de administración, inversión y constitución de reservas.

En 2014, la FSTSE declaró que, de los 174 mil millones de pesos que acumulaba Pensionissste, una parte se invertiría en carreteras, petroquímica, turismo y la tercera Riviera Pacífico: habrá cero riesgo. Como son proyectos firmes, no se pondrán en peligro los ahorros de los trabajadores. Incluso, insistía, los estudios para carreteras fueron elaborados por ICA y se presentaron a Hacienda: ante el secretario Luis Videgaray.

Pero en diciembre de 2014 también se divulgó que siete personas cercanas a Joel Ayala, cabeza de la FSTSE, recibieron durante cinco años 30 contratos de Pensionissste por 18.5 millones de pesos: prestación de servicios como vocales de la Comisión Ejecutiva de Pensionissste y sólo obligados a sesionar una vez cada dos meses. Igualmente, desde 2009, Pensionissste habría desembolsado 13.3 millones de pesos para pagar, al menos, 23 contratos a ocho personas cercanas a Elba Esther Gordillo por servicios profesionales como vocales de Pensionissste, sesionando una vez cada dos meses ( El Universal, 23-24/12/14).

En abril de 2014, el vocal José María de la Torre estimó que el fuerte atractivo de Pensionissste es repartir utilidades anuales hasta por 3 mil pesos: entre enero de 2012 y marzo de 2014, dijo, 9 mil trabajadores del sector privado habrían traspasado su fondo a Pensionissste.

Sin embargo, una encuesta de OCCMundial (abril de 2015) reveló que, al menos, ocho de cada 10 profesionistas mexicanos carecían de ingresos suficientes para ahorrar hacia el retiro y la misma proporción no se encontraba preparada para jubilarse. Ellos no podrán retirarse sin preocupaciones. Las razones principales son: el sueldo no es suficiente (80 por ciento); no saben cómo hacerlo (20 por ciento); no tienen cuenta bancaria (14 por ciento), o no piensan en el futuro (5 por ciento)”. El 36 por ciento que afirmó estar ahorrando tienen Afore, pero sin aportaciones recientes.

Frente a la jugosa bolsa que representan los niveles salariales de los trabajadores al servicio del Estado (hasta cinco mínimos en el apartado B del artículo 123 constitucional) y la clara dinámica socialmente fallida que describen las tendencias estructurales después de 18 años del SAR (sobre todo en el apartado A), el gran reto del debate parlamentario al que se convoca consiste en transformar esa autonomización en una oportunidad real para erguir a Pensionissste como auténtica Afore pública que represente, desde ahora, una cámara de compensación frente al más que cantado fracaso social de la industria de las Afores privadas para garantizar pensiones dignas, datado para 2032.

En ese año pasarán a retiro las primeras víctimas de la reforma Zedillo al IMSS de 1997, con pensiones, en el mejor de los casos, de 30 por ciento del último salario devengado. Entonces el gobierno en turno deberá rescatar el sistema privatizado de pensiones como, en su momento, rescató a la banca vía el Fobaproa. Pensionissste podrá, entonces, constituir la opción para rescatar desde lo público mismo.

Todo ello, siempre y cuando el debate parlamentario diseñe un Pensionissste autónomo que, evitando el uso de los recursos propiedad de los trabajadores, lo convierta en otra desafortunada combinación público-privada (Afore XXI). Otorgándole, pues, el estatuto de verdadera empresa de participación estatal mayoritaria: una Afore diseñada como contrapeso público a las privadas, constituida con capital social 100 por ciento público y capaz de abatir el nivel de comisiones para ubicarlas en no más de 0.5 por ciento, aún así onerosas.

Así la membresía cubierta por Pensionissste enfrentaría la volatilidad, minusvalías y riesgos financieros que conlleva la operación del sistema de cuentas individuales del SAR bajo un marco de mayor autonomía en la gestión de sus haberes pensionarios: mejorando el servicio en la administración del ahorro para el retiro de los trabajadores, como asume la iniciativa presidencial.

Pero aun disponiendo de un Pensionissste autónomo, de una Afore pública-pública, las cuentas individuales del SAR serán incapaces de garantizar pensiones dignas.

Gracias al exitoso proceso de amparos, todos los trabajadores del apartado B cubiertos por el artículo 10 transitorio de la nueva ley (casi la totalidad del apartado B) que, venturosamente, no optaron por Pensionisste, tienen absolutamente garantizada su pensión –en responsabilidad del gobierno federal–, con un tope máximo de 10 salarios mínimos.

La iniciativa Peña sólo aplaza, peligrosamente, una solución efectiva y de fondo a la dinámica del SAR y expondrá los recursos y pensiones de los trabajadores al servicio del Estado (apartado B) como los de Afore XXI.

* Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco