El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SG), Roberto Campa Cifrián, subrayó que la fiscalía anunciada ayer por el presidente Enrique Peña Nieto será para atender los casos de todos los desaparecidos del país y no sólo de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Otros grupos de familiares de desaparecidos han pedido la creación de este tipo de instancias, por lo que se abordará el tema para atender a todos porque –dijo– ante el delito de desaparición no debe haber perdón para los culpables ni olvido para las víctimas.

El objetivo de la fiscalía especializada es garantizar que estos hechos no se repitan. Sin embargo, añadió, esta acción exige la voluntad de los tres poderes y órdenes de gobierno.

Hay diferencia en torno a si es una unidad o una fiscalía; si debe ser solamente para el caso de Ayotzinapa o para todos los desaparecidos. Creemos que siendo muy importantes los desaparecidos de Ayotzinapa, hay también otras organizaciones de desaparecidos que han planteado atención en materia de investigación y búsqueda; por ello se ha planteado de esa manera, comentó.

Si bien se indagará el caso específico de los estudiantes levantados por policías municipales hace un año, esta investigación no partirá de cero, es decir, no habrá borrón y cuenta nueva respecto de lo ya reportado. Por el contrario, añadió, se partirá de las coincidencias halladas entre el trabajo del Ministerio Público federal y las conclusiones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Si estamos discutiendo precisamente estos asuntos, me parece que hay un avance. El énfasis está puesto en dos esquemas complementarios: uno tiene que ver con búsquedas colectivas y otro con búsqueda individual. Hay también posibilidad de conciliación en este asunto, subrayó.

El funcionario calificó de productiva la reunión del jueves pasado entre el presidente Peña Nieto y los familiares de los estudiantes desaparecidos, en la que participaron también los expertos de la CIDH y representantes de organizaciones civiles mexicanas.

Los expertos trabajarán de manera conjunta con la Procuraduría General de la República (PGR), para lo cual gobierno y especialistas convinieron ampliar su labor seis meses; es decir, al final del análisis, los investigadores habrán trabajado un año en el caso Ayotzinapa.

–¿Habrá borrón y cuenta nueva respecto de la llamada verdad histórica que presentó el entonces procurador general de la República, Jesús Murillo?

–En el informe (de los expertos) no hay nada que sustente un borrón y cuenta nueva. El informe tiene claramente puntos de coincidencia con la investigación que ha hecho el Ministerio Público.

El GIEI pide profundizar en ciertos temas, como el trasiego de drogas hacia Estados Unidos. Igualmente se anuncia una revisión del más alto nivel para analizar los sucesos en el basurero de Cocula, donde según la verdad histórica en mención, criminales habrían quemado los 43 cuerpos. En el informe (del grupo de la CIDH) no hay nada que sustente un borrón y cuenta nueva, subrayó Campa Cifrián.

El subsecretario fue entrevistado al término del primer encuentro para la promoción y fortalecimiento de programas estatales de derechos humanos. Hasta ahora sólo cuatro entidades del país tienen un programa en la materia.