El paquete económico para 2016 presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el martes 8 de septiembre es el de menor margen de maniobra en la última década, con un sistema fiscal mexicano frágil, sin un replanteamiento a fondo de las fuentes de ingreso, gasto público y deuda, que no será sostenible ni coadyuvante del desarrollo del país, advirtió el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

En un amplio análisis de la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación y del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), los especialistas del CIEP reconocen que si bien en ese plan se hace un esfuerzo por restructurar el gasto, esto aún dista de ser un presupuesto base cero o una reingeniería profunda del gasto público.

Existen presiones al presupuesto que, por considerarse ineludibles u obligatorias (por alguna legislación), no permiten un cambio estructural basado en las prioridades del presente gobierno ni sustentado en las evaluaciones de cada rubro de gasto que deje de lado la política asistencialista para dar paso al desarrollo económico.

Para que el gasto público pueda tener un cambio a mediano y largo plazos, y que se incentive el crecimiento de la producción, serán necesarias modificaciones legales y presupuestarias en temas como deuda, gasto federalizado y pensiones.

La aprobación por el Congreso de la Ley de Ingresos tiene como fecha límite el 30 de octubre y el 15 de noviembre para la Ley de Egresos.

Los expertos del CIEP explicaron en torno a la deuda que ésta aumentará 3.2 por ciento del producto interno bruto (PIB), con lo cual será el tercer año consecutivo con cifras mayores a 3 por ciento.

En la iniciativa de Ley de Ingresos de 2014, originalmente se estimaba una deuda de 40.9 por ciento del PIB; para 2016 se espera que sea de 47.8 por ciento del PIB (es decir, un crecimiento de 6.9 puntos en dos años) y casi 15 por ciento del presupuesto son requerimientos financieros, lo que en los últimos años ha generado incrementos considerables en la deuda pública federal.

Si bien se espera que en 2016 se destine una proporción de 2.5 por ciento del PIB a inversiones de Petróleos Mexicanos, de la Comisión Federal de Electricidad y otros de alto impacto del gobierno federal, también hay que vigilar la deuda de los organismos y empresas del sector público. En particular, la iniciativa de Ley de Ingresos 2016 propone que el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público no aumentarán en 2017.

Respecto las finanzas públicas locales, el CIEP señala que las participaciones y aportaciones federales se incrementarían en 8.5 y 1.1 por ciento, respectivamente, en 2016.

Caen participaciones para estados

Sin embargo, el gasto federalizado tendría una reducción de 0.9 por ciento, en términos reales, respecto de 2015, debido a reducciones en el ramo 23, en los convenios de descentralización y en la protección social en salud. El Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas tendría una reducción de 57.4 por ciento, en términos reales respecto de 2015, lo que disminuiría la protección de los estados ante una eventual reducción de la recaudación federal participable. En un análisis más detallado de las aportaciones federales, advierte que se encontró que 18 entidades federativas verían reducidas sus aportaciones.

Por su parte, el presupuesto asignado a pensiones contributivas sufre cambios positivos: aumenta en 0.2 puntos porcentuales su proporción respecto del PIB (de 2.8 a 3 por ciento); lo anterior, por el alza en la cantidad de pensionados en los próximos años y la presión que esto genera a las finanzas de las instituciones de seguridad social.

En cambio, el presupuesto de la pensión no contributiva (Programa de Pensiones para Adultos Mayores) corre con la suerte contraria, se reduce 9.9 por ciento respecto al PEF 2015, aun siendo uno de los programas prioritarios del gobierno federal, indicando que no es sostenible crear un sistema de pensiones universal apoyado en un programa de transferencias monetarias.

Ante la astringencia de recursos se espera que el gasto no programable (entendido como los fondos del gobierno que no es posible identificar con un programa o función específica, como los intereses, comisiones y gastos de la deuda, participaciones y estímulos fiscales, los apoyos a ahorradores y deudores de la banca y los adeudos sobre ejercicios fiscales anteriores) siga presionado a las finanzas públicas en los años por venir, advirtió el CIEP, debido a que los incrementos en los ingresos tributarios no petroleros pudieran paliar sólo parcialmente la caída en los ingresos petroleros.