a experiencia de los llamados gobiernos progresistas en América Latina (Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Uruguay y Venezuela) parece haber entrado en un pasaje crítico que algunos autores están denominando fin de ciclo, abriendo un debate histórico y político de fuertes implicaciones estratégicas respecto del porvenir inmediato.
A partir de la caracterización del ciclo progresista latinoamericano como un conjunto de diversas versiones de revolución pasiva (es decir, siguiendo a Gramsci, de transformaciones estructurales significativas, pero limitadas, con un trasfondo conservador y por medio de prácticas políticas desmovilizadoras y subalternizantes) podemos analizar este momento poniendo en evidencia su rasgo central y determinante: la pérdida relativa de hegemonía, es decir de incapacidad creciente de construcción y sostenimiento del consenso interclasista que caracterizó la etapa de consolidación de estos gobiernos.
Esta inflexión, que ya se percibía claramente desde 2013 y retrospectivamente pudiera asignársele inclusive una fecha anterior, deriva en un giro desde un perfil progresivo a uno tendencialmente más regresivo, perceptible tanto en las respuestas presupuestales a la crisis económica que azota la región como el trato en relación con las organizaciones y movimientos sociales situados a su izquierda. Este viraje conservador, que se manifiesta orgánicamente en el seno de los bloques y alianzas que sostienen a estos gobiernos, se justificaría, desde la óptica de la defensa de las posiciones de poder, por la necesidad de compensar la pérdida de hegemonía transversal por medio de un movimiento hacia el centro, lo cual contrasta con la lógica de las polarizaciones izquierda-derecha y pueblo-oligarquía que caracterizó el surgimiento de estos gobiernos, impulsados por la irrupción de fuertes movimientos antineoliberales.
Este deslizamiento es más perceptible en algunos países (por ejemplo Argentina, Brasil y Ecuador) que en otros (Venezuela, Bolivia y Uruguay) ya que en estos últimos se mantienen relativamente compactos los bloques de poder progresistas y no se abrieron fuertes clivajes hacia la izquierda. En particular, Venezuela fue el único país en donde se impulsó la participación generalizada de las clases subalternas con la conformación de las Comunas a partir de 2009, a pesar de que esta apertura descentralizadora fue compensada por la casi simultánea creación del Partido Socialista Unificado de Venezuela como órgano de centralización y brazo político del chavismo.
Hay que registrar como en diversos países, además de la ofensiva de las derechas nacionales e internacionales, se asiste desde hace unos años a una franca reactivación de la protesta por actores, organizaciones y movimientos populares, donde vuelve a destacar un perfil antagonista y autónomo a contrapelo de la subalternización que caracterizó a las revoluciones pasivas latinoamericanas.
Sin embargo, lamentablemente no parece estar en el horizonte político una izquierdización de la política latinoame- ricana. En efecto, a pesar de un lenta recuperación de autonomía y de capacidad de lucha, no se observan relevantes y trascendentes procesos de acumulación de fuerza política, salvo eventualmente en el caso del Frente de los Trabajadores, en Argentina, cuyas perspectivas y potencial expansivo tampoco están asegurados. Esto se debe parcialmente al efecto de reflujo, después de la oleada ascendente de luchas antineoliberales, de los sectores populares hacia lo clientelar y lo gremial, originado por una cultura política todavía subalterna pero, por otra parte, en buen medida es producto de las iniciativas o la falta de iniciativas de gobiernos progresistas más interesados en construir apoyos electorales y garantizar una gobernabilidad sin conflictos sociales, que a impulsar o simplemente respetar las dinámicas autónomas de organización y la construcción de canales y formas de participación y autodeterminación en aras de transformar profundamente las condi- ciones de vida, y no solo su capacidad de consumo, de las clases subalternas.
Este debilitamiento o ausencia de empoderamiento hace pensar que la pendiente pasivizadora que operó como contraparte de las transformaciones estructurales y las políticas redistributivas (excluyendo la polémica continuidad extractivista y primario-exportadora) provocó una década pérdida en términos de la acumulación de fuerza política desde abajo, desde la capacidad autónoma de los sectores populares, a contracorriente del ascenso que marcó los años 90 y que quebró la hegemonía neoliberal, abriendo el escenario histórico actual. Este saldo lamentable no permite, por el momento, hacer frente a una doble deriva hacia la derecha: por el fortalecimiento relativo de las derechas políticas y por el giro conservador y regresivo que modifica los equilibrios políticos de los bloques de poder que sostienen a los gobiernos progresistas latinoamericanos. Al mismo tiempo, el fin de la hegemonía progresista no parece implicar un riesgo inmediato de restauración de las derechas latinoamericanas, como a veces se vaticina a modo de chantaje hacia la izquierda, porque éstas apenas están remontando la profunda derrota política de los años 2000 y, como reflejo de la hegemonía progresistas, están aceptando e incorporando ideas y principios que no corresponden al ideario neoliberal, a demostración que el ciclo de mediano alcance, entre las luchas antineoliberales de los 90 y los gobiernos que se declararon posneoliberales, desplazó ciertos pilares del sentido común y marcó en efecto un relativo cambio de época en la agenda y el debate político y cultural.
* Centro de Estudios Sociológicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Director de la revista Memoria del Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista (Cemos)
