mprender negocios mientras ejerce el poder político ha sido el sello distintivo de la administración de Francisco Vega de Lamadrid, quien el próximo primero de octubre ofrecerá su segundo informe de gobierno. Cobijado por el voto duro panista –que desde hace 26 años tiene al blanquiazul en el gobierno–, el mandatario no tiene empacho en defender su filosofía:

Ser gobernador no me debe impedir tener negocios. La ley impide que me sirva del gobierno para hacer negocios, pero eso no sucede. Todos me conocen; saben que soy empresario y no tengo prestanombres. Soy gobernador y empresario, justificó hace algunos meses, cuando los medios empezaron a dar cuenta de sus nuevos negocios inmobiliarios.

Si bien en principio su negocio fue el agiotaje –con la empresa Casa de Empeño de Baja California SA de CV–, tuvo la suerte de que Ernesto Ruffo, el primer gobernador panista del país, lo colocara en el Instituto Estatal de la Vivienda, primero, y después en la Inmobiliaria del Estado. Inició entonces su vida empresarial en este sector. Once terrenos por aquí, otros tantos por allá. Hoy esas viejas adquisiciones le permiten ser uno de los principales desarrolladores inmobiliarios del estado. En meses recientes construyó el fraccionamiento San Carlos, ubicado frente a la central camionera de Tijuana.

Posee, según el Registro Público de la Propiedad, 34 bienes inmuebles en cuatro de los cinco municipios de Baja California: 23 en Tijuana, varios en el exclusivo fraccionamiento Chapultepec; siete en Playas de Rosarito, tres en Mexicali y un predio de seis hectáreas en el ejido El Porvenir del valle vinícola de Guadalupe, adquirido en agosto de 2014 por 407 mil dólares. También es socio –con otros políticos panistas de Baja California Sur– de El Anhelo Resorts, desarrollo en La Paz que incluye una marina, y ha requerido a los participantes invertir 2 mil 500 millones de pesos.

Hasta ahora el gobierno del estado y el PAN han conseguido –si nos atenemos a los resultados de la pasada elección– que los ciudadanos responsabilicen de la situación económica, el desempleo o el aumento de la violencia al gobierno central, encarnado en el Partido Revolucionario Institucional. La homologación del impuesto al valor agregado y la devaluación del peso han tenido un efecto suficientemente fuerte en el bolsillo de los bajacalifornianos (las rentas y hasta las cuotas escolares deben pagarse en dólares) para que les resulte cosa menor que su gobernador dedique buena parte de sus empeños a ser un exitoso empresario.