omo ya se había anunciado, el pasado 24 de septiembre la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) emitió la convocatoria con la que se inicia de manera formal el procedimiento para nombrar al futuro rector de esa importante casa de estudios. Salvo algún incidente aislado ya resuelto (como los hechos violentos ocurridos recientemente en el plantel Vallejo del Colegio de Ciencias y Humanidades, sintomáticos de un elemento externo que buscará estar presente durante el proceso), el ambiente en esta universidad es de estabilidad e intenso trabajo en todas sus áreas, tanto en la docencia, la investigación y la difusión de la ciencia y la cultura.

La convocatoria tiene esta vez varias novedades. Entre ellas, nuevas exigencias a los universitarios que desean participar como candidatos a la rectoría, pues a diferencia de lo que ocurría antes, ahora éstos deberán inscribirse y entregar en un plazo relativamente corto (que concluye el 5 de octubre), su currículum vitae, semblanza profesional y proyecto de trabajo para el periodo 2015-2019, los cuales se harán del conocimiento público en la página web de la Junta de Gobierno. Esta exigencia a los candidatos, quizá permita depurar lo que en ocasiones se convierte en una larguísima lista de personas mencionadas, dejando sólo a aquellas capaces de hacer una propuesta razonable y de someterla al juicio de los universitarios antes de la designación. Lo anterior es también un signo de transparencia en el proceso que conduce el órgano de gobierno universitario.

Antes de proseguir con el tema de la transparencia, me parece importante señalar que son muy pocos –aunque aún los hay– quienes sostienen todavía la idea de que el mecanismo para elegir al rector de la UNAM debe ser el voto directo, universal y secreto, un procedimiento que ni siquiera ha permitido alcanzar el ideal democrático en México, y, por el contrario, cuando se ha ensayado en alguna universidad pública en nuestro país, ha conducido a experiencias desafortunadas en las que se produce la parálisis de sus funciones esenciales como centros de estudio, convirtiéndose en arenas de luchas políticas. Así, lo que para algunos sería la actualización al siglo XXI del proceso de designación, en realidad puede significar incluso un retroceso.

Es interesante en este sentido el planteamiento que hace Luis Villoro en su libro El régimen legal y la idea de la Universidad, editado en 1972 por la UNAM, donde explica que la Junta de Gobierno “(…) fue la mejor medida que se encontró para evitar las luchas partidarias en la elevación de las autoridades universitarias, que propiciaron la corrupción y la violencia constante y dieron ocasión a la intromisión descarada de fuerzas ajenas a la máxima casa de estudios. El clima de inestabilidad y violencia internas, anteriores al 44, exigía la erección de un poder neutro y arbitral que pudiera permanecer cubierto de los partidarismos electorales”. Creo que todavía no estamos exentos del riesgo de escenarios como los que describe Villoro.

De este modo, el reclamo por la democratización del proceso, entendida como votaciones, va quedado atrás, y ha evolucionado de manera interesante hacia la exigencia de mayor transparencia en el procedimiento para designar al rector. Aunque es previsible que no dejará satisfechos a todos, los efectos de este nuevo reclamo pueden verse ya en la reciente convocatoria de la Junta de Gobierno. Además de la publicación del perfil profesional y los programas de los aspirantes, está prevista la presentación de los programas de trabajo por los medios de comunicación universitarios que incluyen sus sistemas de radio y televisión, de los que resulten seleccionados para ser entrevistados por la Junta, que serán aquellos que a juicio de los 15 integrantes de este órgano de gobierno “(…) cumplan de mejor manera los requisitos establecidos por la legislación universitaria”, sea lo que sea que signifique esto.

La transparencia en este proceso es muy completa para que la comunidad universitaria pueda conocer a los aspirantes y sus ideas, pero no lo es todavía para los trabajos que realiza la propia Junta de Gobierno en cada etapa del proceso, y aquí hay terreno fértil y una gran oportunidad para seguir avanzando.

Pero si bien el examen de los procedimientos es algo importante y se debe atender, quedarse sólo en eso puede ser una trampa en la que deben evitar caer los universitarios, pues aleja la discusión de los temas relevantes sobre el tipo de universidad que se requiere, ahora sí, pensando en lo que queda del siglo XXI, especialmente sobre cómo puede fortalecerse la UNAM para contribuir a la solución de los problemas nacionales y servir de este modo al pueblo de México.