Madrid.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña imputó y citó a declarar para el 15 de octubre al presidente de la región, Artur Mas, y a dos de sus colaboradoras, la ex vicepresidenta Joana Ortega, y la consejera de Educación, Irene Rigau, en relación con la consulta ciudadana que organizaron el 9 de noviembre de 2014.

Se les acusa de los delitos de desobediencia, usurpación de funciones, malversación de caudales públicos y prevaricación por su actuación durante aquella consulta simbólica, no vinculante, sin censo y sin medidas de supervisión y control oficial, pero que sirvió de preámbulo para la jornada electoral del domingo, que se preparó como un plebiscito para la declaración unilateral de independencia.

Así, a sólo 48 horas de los comicios autonómicos que dieron mayoría absoluta a las fuerzas independentistas, los tres dirigentes catalanes fueron convocados a comparecer ante la justicia y responder sobre su papel en la citada elección, en la que el gobierno catalán decidió sacar las urnas a la calle para celebrar una consulta ciudadana y que fue una especie de referendo sobre la independencia.

En tal jornada, que no tuvo carácter legal, más de 81 por ciento de los ciudadanos que votaron respaldaron la creación de un nuevo Estado independiente. Ese resultado precipitó el adelantamiento electoral y la construcción de la lista unitaria, de cara a formar un frente independentista que permitiera convertir los comicios del pasado domingo en un plebiscito.

La investigación judicial se abrió en diciembre y, según el ministro de Justicia español, Rafael Catalá, no se citó a declarar antes a los imputados para no interferir en los comicios autonómicos, con lo que se puso de manifiesto que el gobierno español, del conservador Mariano Rajoy, estaba al tanto de los avances del juzgado.

Desde Barcelona, la imputación se definió como un juicio político y una auténtica anomalía democrática. La vocera del gobierno catalán, Neus Munté, advirtió sobre una instrumentalización política de la justicia y de las instituciones por parte del gobierno central.

Irene Rigau dijo estar convencida de que lo que hicimos fue correcto y cumplía el mandato del Parlamento. Afirmó que no hay nada más bonito que demostrar que seguimos adelante, a pesar de estas injerencias no previstas, que nos sitúan ante un hecho al que se quiere dar una carácter político, pero defenderemos con firmeza el trabajo hecho.

Mientras, los seis partidos políticos que lograron representación parlamentaria en los comicios del domingo pasado continúan negociaciones para alcanzar una alianza de cara al futuro, sobre todo la lista unitaria Junts pel sí (Juntos por el sí), integrada por Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) y Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), con el partido de izquierdas Candidatura de Unidad Popular (CUP), para sumar los 72 escaños que les permitirían formar gobierno.