l mismísimo día de la guadalupana (12 de diciembre de 2013) el Congreso aprobó la reforma energética y ocho meses después (6 de agosto de 2014) sus leyes reglamentarias. Todo fue miel sobre hojuelas: tras cinco intentonas al hilo de igual número de gobiernos neoliberales, el peñanietista, sexto de la temporada, por fin logró colocar la cereza en el suculento pastel privatizador (cocinado desde el sexenio de Miguel de la Madrid), es decir, la desincorporación del, hasta ese momento, sector petrolero mexicano.

A partir de entonces, y pese a hipócritas nacionalistas (don Beltrone dixit), el gran capital cuenta con certeza jurídica (Calderón dixit) y todo tipo de cortesías para clavar el colmillo en el oro negro otrora nacional. Por aquellos ayeres el barril mexicano de exportación se vendía a 97.50 dólares y la jauja prometida por fin sería una realidad (versión oficial). Miles y miles de millones de dólares caerían como maná sobre la famélica economía de México y el ídem bienestar de sus habitantes.

Pero algo les falló y la guadalupana no fue garantía. Tan tremenda fue la celebración que armaron (con comilonas, brindis, abrazos, recompensas y felicitaciones para los borregos que levantaron la mano), que se les olvidó todo lo demás, y a la vuelta de la esquina se toparon con una de las más drásticas caídas de los precios internacionales del crudo, comenzando por el de la mezcla mexicana.

A la distancia, el barril mexicano se cotiza a 38.53 dólares (precio de ayer), un desplome de 60 por ciento con respecto al precio imperante en los tiempos de la fiesta desincorporadora y del impecable esfuerzo por la aprobación de la reforma energética (Peña Nieto dixit). Y los inversionistas que caerían como moscas sobre el crudo otrora nacional brillan por su ausencia, mientras los vendedores del gobierno y comisiones que lo acompañan ruegan, facilitan, abaratan y regalan dulces, con tal de que el capital nacional y foráneo se interese en el negocio y convencer a los habitantes de esta República de discursos que, por el bien de México, la reforma ha sido rotundamente exitosa.

Siempre con la promesa de crecimiento, bienestar y desarrollo para los mexicanos (el primer mundo, pues), seis gobiernos neoliberales privatizaron hasta el último tornillo de la infraestructura productiva del Estado, y a la vuelta de esos 33 años (EPN le resta un trienio) todo lo contrario a crecimiento, bienestar y desarrollo. Pero eso sí, en igual periodo las fortunas de los amigos del régimen (léase la de quienes se quedaron con tal infraestructura) alcanzan niveles de ensueño.

Pero bueno, más allá de la fábula privatizadora el gobierno peñanietista hoy lleva a cabo la segunda licitación de la llamada ronda uno, en la que se ofertan cinco bloques petroleros. La primera fue –contrario a lo pregonado– un rotundo, sí, pero fracaso, pues sólo logró colocar el 14 por ciento de lo ofertado, y el único ganador fue un consorcio en el que presuntamente participa la familia política de Carlos Salinas de Gortari.

De qué nivel será el entusiasmo de los vendedores, que hasta el presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, Juan Carlos Zepeda, adelanta que si hoy se logra adjudicar tres de los cinco bloques involucrados, entonces el resultado sería estupendo. Todos se ubican en aguas someras del Golfo de México –con una buena proporción de reservas probadas–, áreas que oficialmente quedarían en poder de Pemex, porque el capital privado iría por el tesorito enterrado en aguas profundas.

Como la primera licitación de la ronda uno fue un fracaso, la decisión gubernamental fue sencilla: la Secretaría de Hacienda anticipa las condiciones económicas que exigirá a los interesados en participar en la segunda convocatoria de la ronda uno para la exploración y explotación compartida de cinco bloques petroleros en aguas someras del Golfo de México. ¿Por qué? Pues para que las compañías tengan una mejor planeación en sus planes (sic) de negocio en caso de resultar ganadores en la convocatoria; el erario les exigiría una participación en la utilidad operativa que va de 30.2 a 35.9 por ciento. Estos porcentajes representan una flexibilización del gobierno en las condiciones económicas para las licitaciones petroleras, puesto que en la anterior subasta de 14 bloques la exigencia era de un promedio de 40 por ciento de las utilidades operativas (La Jornada, Israel Rodríguez y Víctor Cardoso).

Así es: cero trabas, menores condiciones y más ganancia para el capital privado en demérito de las finanzas públicas (qué más da si están en jauja), lo que confirma que como vendedor el gobierno es un sonado fracaso, aunque sus integrantes suelen ser exitosos si trabajan para las empresas, como lo demuestra el ejército de ex funcionarios al servicio del gran capital.

En fin, como no existen artículos constitucionales invencibles o inmaculados (don Beltrone dixit), entre ellos el sacrosanto 27 (ídem), a las 10 horas de hoy salen a la venta cinco bloques petroleros (tres en las costas Tabasco y dos en las de Campeche), y el territorio involucrado se aproxima a 281 kilómetros cuadrados, con un potencial –evaluación oficial– sería superior a 671 mil barriles (reservas probadas, probables y posibles).

Los bloques son Amoca (más Mizton y Tecoalli), Hokchi y Xulum, todos ellos en la costa tabasqueña, e Ichalkil-Pokoch y Mison-Nak, en la campechana, y participarían 14 consorcios privados, entre ellos los encabezados por Carlos Slim y Alberto Bailleres (a ellos la Revolución sí les hizo justicia) y trasnacionales como Chevron (estadunidense), CNOOC (de China), Compañía Española de Petróleo (Cepsa, que de española sólo tiene el nombre, pues es propiedad 100 por ciento de la International Petroleum Investment Company, de Abu Dabi), Deutsche Erdöel (filial de la alemana RWE), Lukoil (Rusia), Corporación de Petróleo y Gas Natural (India), Statoil (Noruega), Shell (Holanda), Petronas Carigali (Malasia), y ENI (Portugal-Italia). Repiten Talos Energy (Estados Unidos), Sierra Oil & Gas (México), parte del consorcio ganador de la licitación previa.

Las rebanadas del pastel

Lo que faltaba: no da una en lo interno, la sangre se acumula en el territorio nacional, pero ahora el gobierno de EPN decidió adiestrar a los cascos azules de la ONU en operaciones para el mantenimiento de la paz llevadas a cabo por ese organismo internacional. No, pos sí.

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