Los representantes de organizaciones no gubernamentales (ONG) que se reunieron con la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que realiza una visita a México le presentaron el lunes una serie de recomendaciones para prevenir y poner fin a la impunidad en materia de graves violaciones a derechos humanos.

Sus propuestas fueron en materia de desaparición forzada, tortura, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, fabricación de culpables, desplazamiento interno forzado, política de drogas y derechos humanos, así como protección y prevención de ataques en contra de periodistas y defensores de las garantías individuales.

Las recomendaciones quedaron plasmadas en un amplio documento, entre las cuales se propone la elaboración de leyes, como las generales sobre desaparición forzada y desaparición por particulares, así como una de uso de la fuerza, aplicable a todas las corporaciones de seguridad del país, conforme a los más altos estándares internacionales.

Asimismo, la creación de un instituto nacional de servicios forenses que cumpla, como mínimo, con los estándares planteados por el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales.

También proponen que se elimine el fuero de los servidores públicos, puesto que ha sido una figura utilizada por la clase política como garantía de impunidad; reformar el Código de Justicia Militar, de acuerdo con las sentencias de la Corte Interamericana, y establecer el registro único de personas desaparecidas, para fortalecer la búsqueda, así como explorar nuevas maneras de recibir asistencia técnica de las instancias internacionales de derechos humanos.

Lo anterior, dada la probada incapacidad de las autoridades mexicanas para perseguir y sancionar eficazmente los casos más graves de violaciones a derechos humanos y corrupción, se lee en el texto.

La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala fue citada como ejemplo, pues constituye un mecanismo subsidiario para la justicia nacional frente a las más graves violaciones.

En la reunión, la CIDH recibió a un numeroso grupo de víctimas y familiares, además de representantes de organizaciones no gubernamentales, con los que se establecieron nueve mesas temáticas para atender los diferentes casos: de desaparición forzada, ataques a activistas y periodistas, militarización, migrantes, desplazamiento forzado, ejecuciones extrajudiciales, tortura, afectación a grupos en situación de vulnerabilidad, acceso a la justicia, iniciativas legislativas y protocolo.

Stephanie Erin Brewer, coordinadora del área internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, resaltó la crisis que en materia de derechos humanos se vive en México, y demandó que, en ese contexto, el Estado dé cumplimiento a las recomendaciones de la CIDH.

Los planteamientos de las ONG también apuntaron a que las fuerzas de seguridad, tanto militares como civiles, sometan sus órdenes vinculadas a operativos y tareas de seguridad pública a un proceso de revisión civil independiente, “tendente a identificar –para su cancelación– todas aquellas que sean contrarias al respeto de los derechos humanos, en particular el de la vida”.

De igual manera, fortalecer el mecanismo de protección para personas defensoras de las garantías individuales y periodistas, tomando en cuenta las recomendaciones formuladas por las ONG que acompañan casos ante el mecanismo internacional.