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Aumentan las quejas en contra de autoridades estatales

Preocupante, la práctica de la tortura en Michoacán, afirma ombudsman local
Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 30 de septiembre de 2015, p. 7

Morelia, Mich.

En un año nueve meses las quejas por tortura disminuyeron drásticamente en contra de autoridades federales, pero la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) local sumaron 92 denuncias, según un informe de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

Estos datos contrastan con los de 2012, cuando la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)recibió 30 quejas por tortura y la Policía Federal 12.

El presidente de la CEDH, José María Cázares Solórzano, señaló que es preocupante que continúe la práctica de la tortura, sobre todo en dependencias estatales, pero lo más grave es que hay resistencia de las autoridades para reconocer la existencia de este ilícito.

El equipo de Castillo

En enero de 2014 arribó a Michoacán el comisionado para la seguridad Alfredo Castillo Cervantes, y a la fecha continúan en la PGJE y la SSP local funcionarios y policías que llegaron con el enviado del gobierno federal.

En 2012 se reportaron 44 quejas de tortura ante la CEDH, 30 contra la Sedena, 12 contra la Policía Federal, una contra la PGJE y otra contra la dirección de Seguridad Pública de Tacámbaro.

En 2013 hubo ocho quejas, tres contra la Sedena, tres contra la Policía Federal, una contra la PGJE y otra contra seguridad pública del municipio de Juárez.

En 2014 se presentaron 70 quejas por tortura, 48 contra la PGJE y 22 contra la SSP local. Se giraron cinco recomendaciones a la procuraduría estatal.

En lo que va de 2015 suman 28 quejas, 10 contra la PGJE; 12 contra la SSP local, cuatro contra la Procuraduría General de la República y dos en contra de la Policía Federal. Es decir, en los pasados 21 meses las fuerzas federales han recibido sólo 17 quejas por tortura.

En caso de delitos federales, le corresponde a la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitir las recomendaciones, pero no deja de ser preocupante que se sigan dando estas prácticas y sobre todo que las instituciones consideren como un asunto sin importancia el respeto a los derechos fundamentales, concluyó.