Las mesas de atención y la fiscalía para desaparecidos en Coahuila, de poco o nada han servido.

Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fuundec), uno de los colectivos con mayor actividad en la localización de personas en todo el país, tiene documentados 367 casos de personas desaparecidas en esa entidad y 168 de otros estados. Hasta ahora, sin embargo, ninguna ha sido localizada, señalan integrantes de este grupo.

La tragedia no para, lamenta María Elena Salazar, madre de Hugo Marcelino González, desaparecido el 20 de junio de 2009, en Torreón.

Cuando integrantes de Fuundec supieron del anuncio presidencial para crear una fiscalía especializada para desaparecidos no se entusiasmaron: Hay una desconfianza total de nosotros, las víctimas, hacia las autoridades. La prueba es que siguen ocurriendo los casos y el apoyo a las víctimas es escaso, señaló la mujer, quien exige que la ley respectiva se elabore con la participación de las familias afectadas.

Hasta ahora, dijo, “nos encontramos ante leyes vacías, de escritorio, de papel, operadas por funcionarios que no tienen la mínima idea de lo que cada familia está pasando.

El gobierno mexicano no está haciendo nada por las víctimas; no está haciendo nada por detener esta tragedia. Esto ya es intolerable. [...] Desgraciadamente ya no tenemos recursos; económicamente es muy difícil sostener esta situación.

No necesitamos dependencias

La desesperanza es, para ella, desconfianza en las autoridades. “Aquí en Coahuila se creó una fiscalía especial para personas desaparecidas; después vemos que es con el único fin de tenernos ahí, pero la fiscalía no ha dado resultado. Ya no necesitamos dependencias de nombre, sino oficinas que realmente hagan su trabajo, llámense como se llamen, pero que encuentren a los nuestros.

¿Cuál es el problema?, agrega, pues todo ronda en dos cosas: corrupción y complicidad de autoridades. “El Estado permite que continúe esta tragedia. Nosotros les hemos dado pruebas, ahí en su escritorio, que pudieron haber llevado en su momento a dar con el paradero de los nuestros; sin embargo, todo se obstaculiza por esa corrupción de los agentes.

“No es posible –añade– que las mismas personas (responsables de investigar) sigan en los mismos cargos de búsqueda y localización, sin dar resultados. Eso ocurre aquí en Coahuila, pero es la misma si­tuación en todos los estados. No investigan y, lo peor, dan informes no sustentados debidamente. Al hacer eso apuestan a nuestro dolor, a nuestra muerte o a que nos quedemos en el camino del miedo.

“¿Cómo estamos? Pues con la bendición de Dios, confiando en Dios y esperando en Dios, porque de las autoridades ninguna confianza tenemos, en ningún nivel, en ninguna dependencia.

“Aquel 20 de junio de 2009 mi hijo, de 24 años, no llegó a casa. No sabemos qué pasó con él y las autoridades simplemente dicen: ‘su hijo por ahí ha de andar’.”

Carmen Ramírez, quien desde hace ocho años busca a su hermano y a su hijo (Pedro Ramírez Ortiz y Armando Salas Ramírez), señala que a cada paso los familiares de desaparecidos son revictimizados: Nos sentimos como limosneros. Los gobiernos federal y estatales sólo protegen a su gente. A los niños (hijos de los desaparecidos) les dan mil pesos cada cuatro meses, un paquete escolar pequeño y una despensa cuando hay elecciones, dice Carmen, también activa integrante de Fuundec.