tenemos ahora la oportunidad de asistir a los jadeos de una oligarquía acorralada que ha recorrido ya buena parte de su camino hacia la destrucción del país y a la que ahora se le viene encima el saldo de su propia devastación. ¿Derechos humanos? Ay, no, cómo creen: no todo México es Iguala. ¿Corrupción? Ya supérenlo; prometo no volver a hacer cosas buenas que parezcan malas. ¿Economía? No se preocupen: no habrá nuevos impuestos, la inflación es un mito y la gasolina bajará. ¿Democracia? Es cara; ni modo. ¿Transparencia? La seguridad nacional es primero. ¿Justicia? Ésta es la verdad histórica.

El Pacto por México fue la última bocanada de legitimidad disponible y se agotó rápido. Dio para el primer ciclo de las reformas prometidas por el peñato a sus verdaderos mandantes y no más. En lo sucesivo hemos visto el desplome de una simulación de tabla roca que no encuentra nuevos creyentes para sus viejas mentiras, que estira la tela de las alianzas y las recomposiciones para no dejar al descubierto ni un fragmento de su cuerpo hediondo y que tiene, de aquí a 2018, un objetivo central: preservar el ejercicio del poder público para garantizar la continuidad del proyecto transexenal de encubrimiento e impunidad. Y de paso, facilitar que a los firmantes del Pacto por México se les adhieran unos cuantos miles de millones de pesos de lo que queda del erario.

Desde luego, los integrantes de la oligarquía mafiosa lo intentarán todo, o casi todo, para recuperar algún ascendiente en la sociedad: desde la infiltración, la provocación, la distracción y los trinquetes jurídicos hasta, desde luego, los afanes por enderezar a su favor la batalla perdida por la opinión pública. Eso, y el afán de pagar favores recibidos, explica el furor con el que Peña ha estado regalando millones de televisores o, al menos, usándolos para coaccionar el voto, como quedó demostrado con videos durante el proceso electoral pasado. Pero esas dádivas no son suficientes para suplir los derechos arrebatados. Además la tele ya no es lo que era y los embustes son más fáciles de descubrir en las tablets y los teléfonos inteligentes que en las viejas pantallas de tubos de rayos catódicos.

A pesar de las despensas, de las movilizaciones coercitivas de empleados públicos y hasta de las facciones del narco que con cuerno de chivo en mano invitan a votar en la forma debida, el programa oligárquico se ha quedad sin base social. Es ilustrativo, a este respecto, que la presencia que activistas, movimientos y fuerzas políticas independientes consiguen en las redes sociales sin gastar un centavo, a la facción en el poder le cuesta fortunas en pagos a empresas especializadas en reclutar y pastorear peñabots. No les importa, por cierto, porque de todos modos los pagos salen del dinero público y van a parar a compañías que son propiedad de integrantes de la misma criminalidad organizada que detenta el poder.

En ese afán, y ante el manifiesto desgaste del PRIANRD-Verde-Panal, los dueños del país inflarán una o varias candidaturas presidenciales independientes con el propósito de ofrecer a los electores incautos fórmulas nuevas y alternativas que serán, sin embargo, refritos de las viejas y conocidas postulaciones esquirolas, de Cecilia Soto a Gabriel Quadri, pasando por Patricia Mercado. Otro componente de la operación es, claro, la alharaca contra el populismo que desde Los Pinos impulsa sin pudor el propio Peña y que tiene, ni modo, un efecto devastador para su propia administración: al encabezar la embestida de inocultable signo anti Morena y anti AMLO, tácitamente ha declarado abierto el periodo sucesorio y con ello erosiona entre sus propias filas el poder que le queda.

Salinas, Fernández de Cevallos, Peña, Beltrones, El Bronco, Castañeda, más lo que se acumule esta semana: no importa con quiénes, lo importante para la oligarquía es impedir que en 2018 pueda abrirse paso un proyecto político, económico y social diferente al que le fue impuesto al país de manera experimental en 1982 y ya en forma desembozada desde 1988.

La operación ya en curso tiene varios problemas. Uno de ellos es que la suma de desprestigios no es una manera razonable de ganar prestigio ante la ciudadanía. El otro es que hay diatribas que honran y enaltecen a quienes son objeto de ellas. Y en el punto en el que estamos, cualquier político sagaz que aspire a consolidar su popularidad y hasta su autoridad moral debe tener un deseo en mente: Que Peña hable mal de mí.

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