s muy grave el asunto. Así lo calificó el propio general secretario Salvador Cienfuegos, en una parte de las declaraciones insertas la noche del lunes en el principal noticiero de Televisa, con el reportero Santos Mondragón como cuidadoso entrevistador (http://goo.gl/Z5tCJA).

Ha de suponerse que tan inusitada comparecencia mediática se produjo en absoluta concordancia con su jefe civil, el habitante principal de Los Pinos (y, por tanto, implicaría una fijación extrema de la postura oficial del gobierno mexicano, y no sólo una opinión personal de un secretario molesto), pues significó un virtual ultimátum a la pretensión nacional e internacional de que se indague con más enjundia el papel de soldados en Iguala la noche de la desaparición de 43 normalistas e, incluso, una virtual advertencia de renuncia al cargo si le pretendieran obligar a que esos militares en entredicho pudieran ser entrevistados libremente (no interrogados en términos de formalidad judicial, precisión importante) por instancias no nacionales (el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes), más allá de las diligencias judiciales que ya han practicado otros órganos del mismo Estado al que el movimiento de los 43 acusa, precisamente, de ser responsable de tales sucesos.

Ya a finales de junio del presente año había ofrecido el general Cienfuegos una argumentación en exclusiva, también videograbada, al diario El Universal, con Carlos Benavides como entrevistador (http://goo.gl/A1M4jf). En esa ocasión el tema de urgencia era Tlatlaya, así que el encabezado postulaba: Exige general Cienfuegos justicia en caso Tlatlaya. En esencia, el jefe militar ponía de relieve el alto costo que al Ejército ha causado el tener que cumplir con tareas que deberían realizar los mandos policiacos (en realidad, los mandos políticos civiles, que son los responsables de ejercer ese mando policiaco: interpretación sin uniforme de esta columna remisa) y demandaba frenar juicios mediáticos y sociales sobre los hechos de Tlatlaya, para esperar las resoluciones de las autoridades competentes. (Apúntese que, el mismo lunes, un juez declaró en libertad a acusados de delitos menores relacionados con aquellos sucesos que diferentes opiniones consideran que constituyeron ejecuciones; el juez estimó que la PGR no aportó los elementos suficientes para acreditar responsabilidad de esos militares. Eso sí, la procuraduría federal, entonces en manos de Jesús Murillo Karam, apelará –para efectos de apariencia– de tal resolución, esta vez con la televisiva Arely Gómez como titular. Plenamente confiables y eficaces las autoridades, como puede constatarse).

Ahora ha sido el tema de Iguala el que ha llevado de nuevo al general Cienfuegos a la arena mediática, ni más ni menos que al principal horario (no para efectos inmobiliarios, sino de difusión de posturas oficiales) del Ministerio Oficial de la Información, Televisa. El emproblemado Joaquín López Dóriga incluso destacó lo inusual de que un titular de la Secretaría de la Defensa Nacional ofrezca entrevistas. Con una bandera tras de él, y un gran escudo nacional dominando la toma principal, el general nacido el 14 de junio de 1948 en la ciudad de México dio salida a sus puntos de vista que, en realidad, constituyen una grave definición política que, por tanto, debería haber sido expresada por el mando supremo formal, es decir, por el poder político unipersonal depositado en un civil, y no por un secretario designado, mucho menos si éste comanda el delicado segmento de las fuerzas armadas que por definición y obligación deberían abstenerse de emitir posturas políticas, a menos que...

A menos que el actual gobierno federal se sienta tan presionado en el caso Iguala que no le quede sino recurrir a un seco golpe sobre la mesa para tratar de frenar la espiral ascendente que va demandando la develación de los enigmas militares que persisten sobre lo sucedido la noche del 26 de septiembre del año pasado, la madrugada del 27 e incluso los posteriores días. Como aquí se publicó el pasado 17 de julio (http://goo.gl/DhnGhV), hay un punto ciego en la indagación que realizó el grupo de expertos independientes, que pudo entrevistar, no interrogar, a cuantas personas solicitó al gobierno mexicano (con una colaboración sin restricciones de la PGR, la Policía Federal y, en ciertos casos, de la propia Sedena), salvo 16 militares presentes en aquellas horas cruciales en Iguala, como miembros del 27 batallón de infantería. Todos, menos esos 16. Entrevistados todos, no interrogados; pero no esos 16.

La postura (¿ultimátum?) del general Cienfuegos es muy grave por cuanto pretende adjudicar a una ocurrencia de alguien la legítima duda extendida sobre el papel de esos militares en Iguala (querer involucrar al Ejército en esto porque a alguien se le ocurrió, creo que es algo muy grave), porque busca deslegitimar a comisiones y expertos internacionales a partir de una tesis de nacionalismo a contrapelo de la soberana suscripción de convenios internacionales (nosotros solamente respondemos a las autoridades ministeriales mexicanas), porque establece como atribución de una parte investigada el definir lo que debe ser investigado y cómo (ni puedo permitir que interroguen a mis soldados que no cometieron hasta ahorita ningún delito), porque los soldados no son de pertenencia personal (mis), sino institucional, y no corresponde a ningún funcionario fijar límites o permisos en términos de procesos judiciales (yo no puedo permitir que a los soldados los traten como criminales) y porque en la frágil institucionalidad mexicana y en el difícil momento que se vive, adquiere tonos preocupantes el que el secretario de la Defensa Nacional deba salir a los medios (a ciertos medios) a batirse en defensa de sus posiciones… políticas.

Y, mientras el general Cienfuegos ha aceptado que uno de los 43, Julio César López Patoltzin, era militar en activo, pues quería estudiar para maestro y el mando le permitió inscribirse en Ayotzinapa, ¡hasta mañana!

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