El 24 de septiembre de 2014 el entonces procurador de Justicia de Guerrero, Iñaki Blanco, preguntó a un funcionario de la Procuraduría General de la República (PGR) cómo iba su encargo. Desde mayo de ese año, en un encuentro de procuradores en Huatulco, Oaxaca, había requerido apoyo porque de las pesquisas sobre la coautoría del secuestro y asesinato del activista Arturo Hernández Cardona se encontraron elementos del vínculo del entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, con el cártel de los Beltrán Leyva.

Blanco quería apuntalar su imputación al alcalde. Por eso aquel miércoles insistió en su mensaje, que le fue respondido por un funcionario –no identificado en la averiguación previa de la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro de Ayotzinapa, por tratarse de la versión pública– que le reviró por la misma vía:

Estamos buscando robustecerlo con la declaración de un testigo protegido que aún no nos dan, le respondió el funcionario de la Unidad Especial en Investigación de Delitos por Secuestro, adscrita a la Subprocuraduría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada (Seido).

¿Falta mucho?, insistió el procurador.

No, ya tiene que salir este mes (septiembre) para que cuente en nuestro trámite, le contestó el funcionario federal.

Cabe precisar que el cártel de los Beltrán Leyva dio origen a dos grupos criminales en esa región de Guerrero, lo cuales se disputan el territorio: Guerreros unidos y Los rojos.

La respuesta de la PGR al procurador guerrerense parecería esperanzadora, pero la falta de acción inmediata resultó fatal al paso del tiempo, ya que dos días después de aquel mensaje se corroboró el vínculo Abarca-Guerreros unidos, con resultados trágicos.

El intercambio de mensajes vía Whatsapp se incorporó al expediente. Esa información, se añade, era compartida con el Grupo de Coordinación Guerrero, en el que, además de ambas procuradurías, participan la zonas militar y naval.

Lo anterior forma parte de la declaración de Blanco, contenida en el expediente de 88 tomos que integran la averiguación previa de la PGR, abierta en versión pública.

En su declaración, Iñaki Blanco niega categóricamente imputaciones de haber recibido 300 mil dólares para que esa noche pudieran operar libremente los integrantes de Los rojos, presumiblemente como parte de su disputa territorial con Guerreros unidos.

Ese rechazo contrasta con los señalamientos –contenidos en el tomo 79– de Sidronio Casarrubias, uno de los principales líderes de Guerreros unidos, quien indicó en su declaración: una de las personas que siempre ha estado vinculado con grupos delictivos es el procurador de Guerrero, quien lleva por nombre Iñaki.

Según Casarrubias, “el procurador y el entonces secretario de Seguridad Pública de Guerrero, Leonardo Octavio Vázquez, recibieron 300 mil dólares por apoyar al cártel de Los rojos y permitir que trataran de ocupar la plaza de Iguala”.

Añadió que por eso el 26 de septiembre de 2014, cuando el entonces subsecretario de Seguridad Pública de Iguala, Francisco Salgado Valladares, pidió el apoyo de las autoridades estatales, le negaron la “ayuda, porque pensaron que los estudiantes pertenecían al cártel de Los rojos”

En el expediente también se refiere que el 26 de septiembre hubo un intercambio de información entre la procuraduría estatal y la delegación regional del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, instancia que confirmó a la dependencia local que tenía registrados enfrentamientos.

En el tomo 43 también se incorpora el informe que la procuraduría estatal elaboró antes de remitir la averiguación a la PGR, que ya había atraído las investigaciones por tratarse de delitos de delincuencia organizada y que, por disposición legal, corresponden al fuero federal.

Como parte del documento, en lo concerniente a la responsabilidad de Abarca en la desaparición de los normalistas, la procuraduría estatal da por sentado que, según todos los elementos recabados, el alcalde de Iguala era sabedor de los hechos y fue omiso, porque en conocimiento de la situación no preservó la integridad de los estudiantes de Ayotzinapa. En síntesis, tuvo una conducta omisiva. Esa era la imputación original, entre otros aspectos, porque hay constancia de las comunicaciones, vía radio, que aquella noche hizo su secretario de seguridad pública, Felipe Flores, quien giró orden de detener a los estudiantes.