Organizaciones civiles lamentaron que el gobierno de México haya respondido al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ‘‘desde una lógica mediática de control de daños’’ e insista en negar la existencia de problemas estructurales que afectan a las personas en el país.

En un pronunciamiento, las ONG señalaron que, a diferencia de lo que dijo el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, el pasado viernes, respecto de que las conclusiones de la CIDH ‘‘no reflejan la realidad del país’’, la visión del organismo internacional se sustenta en la visita de cinco días, pero también en toda la información previa que de manera permanente recaba en audiencias y reportes de agrupaciones y víctimas.

Sobre la referencia que hizo el gobierno de las víctimas de de-saparición forzada como ‘‘casos de 2008, 2009, 2010 y 2011’’, las agrupaciones advirtieron que éstos siguen vigentes. Además, se han sumado 12 mil más entre 2013 y mediados de 2015. Resaltaron que en este y otros rubros, el gobierno no citó datos que cuestionaran la información concreta presentada por la CIDH, la cual proviene generalmente de testimonios y estadísticas oficiales.

Entre las de organizaciones que suscribieron el pronunciamiento están los centros de derechos humanos Fray Bartolomé de las Casas, Fray Francisco de Vitoria, Miguel Agustín Pro Juárez, de la Montaña Tlachinollan, Católicas por el Derecho a Decidir y Servicios y Asesoría para la Paz.

Advirtieron que si el gobierno tiene la intención real de ‘‘abrir puertas y asumir retos’’ en materia de derechos humanos, el primer paso es dejar de descalificar a los organismos y personas expertas que documentan la realidad del país. Al contrario, dijeron, debe asumir las conclusiones y recomendaciones de éstos como insumos valiosos.

A partir de reconocer la naturaleza de la crisis actual, las autoridades podrán poner en marcha políticas, programas, leyes y, sobre todo, prácticas que aseguren el acceso efectivo a la verdad, la justicia, la reparación y a la disminución de las violaciones a derechos humanos en México.

Al abundar en las acciones de la CIDH, recordaron que ha efectuado 23 audiencias públicas sobre México, en las que el Estado ha tenido participación; en 2014 conocía de 130 peticiones y casos nacionales en las etapas de admisibilidad y fondo. Además, continuamente recibe informes de fuentes gubernamentales y no gubernamentales, supervisa medidas cautelares y el cumplimiento de recomendaciones en diversas entidades federativas y ha sostenido innumerables reuniones con víctimas, organizaciones y autoridades.

Solamente en la visita de la semana pasada, el organismo se entrevistó con más de cien representantes del Estado y sus equipos, así como con víctimas y organizaciones de Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Distrito Federal, estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, entre otros.