La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental aplicada en 2013 reveló que 7.4 millones de ciudadanos debieron pagar en México algún acto de corrupción ante ventanillas de los sectores públicos federal, estatal o municipal.

Adrián Franco Barrios, director general de estadísticas de gobierno, seguridad pública y justicia del Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía), resaltó que hay datos de lo que cuesta pagar por actos corruptos. Por ejemplo, en las agencias del Ministerio Público, en un año, más de mil 600 millones de pesos; en los juzgados, 600 mil millones; a las autoridades de seguridad, mil cien millones de pesos, por citar algunas cifras.

El funcionario advirtió ayer que pese a los millones de ciudadanos que incurrieron en esos hechos, sólo se aplicaron 12 mil 110 sanciones en los tres niveles de gobierno.

Destacó que por delitos asociados con responsabilidades de servidores públicos, de 6 mil 554 presuntos involucrados sólo se procesaron 949, que se diluyeron a 161 sentenciados y en reclusorio solamente hay 140.

La población cree o ha escuchado que en los trámites y servicios que realizó durante 2013 hay corrupción, añadió. Prácticamente uno de cada dos (ciudadanos), sostuvo.

Resaltó que al preguntar a las personas si fueron víctimas de un acto de corrupción se obtuvo que 12 mil 80 afirmaron que sí, de entre los casi 300 millones de trámites que se realizaron en el país en 2013.

Robos, asaltos... y corrupción

¿Es mucho o poco? No lo sabemos. México es el único país que tiene este dato y la única comparación que podemos hacer (de porcentajes) es contra los delitos. Es decir, los robos o los asaltos en las calles o en el transporte público en este país son los mismos que la victimización por corrupción.

Franco Barrios advirtió que la corrupción tiene impacto de cualquier naturaleza: La deforestación, no inscribir a los niños a la escuela, que no se construya la misma, que la educación pública sea deficiente, que seamos opacos, que no lleguen inversiones, etcétera.

También dijo que los gobiernos se enfrentan a una multiplicidad de reglas para el diseño, aplicación, operación y coordinación de un sistema de transparencia y anticorrupción del país, aunado a que hay multiplicidad de actores, tres niveles de gobierno, organizaciones públicas y privadas, así como intereses distintos.

David Arellano Gault, director de la División de Administración Pública del CIDE (Centro de Investigación y Docencia Económicas), consideró que tanto ciudadanos como empresarios y servidores públicos hemos hecho una vida de la lógica de la corrupción.

Compartió palabras de un alto funcionario acusado del citado delito: “Nunca creeré que hice algo criminal, lo que hice fue seguir el trabajo… Sí doblé algunas reglas, ¿quién no lo hace? Si me van a castigar, tendrían que destruir todo el sistema… Lo que yo hice lo hacen muchos otros y lo seguirán haciendo; castigarme solamente a mí es simplemente hipócrita”.

Información de calidad, premisa ineludible de la democracia

Por otro lado, durante el panel La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública como instrumento de inclusión social, Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, planteó que la información oportuna y de calidad es una premisa ineludible para participar eficazmente en la democracia.

Indicó que la clave de la inclusión social está en que las personas y los grupos vulnerables puedan insertar sus propuestas y objetivos en el debate público, en la acción social, así como en las políticas del Estado.