El gobierno mexicano informó ayer que ha dado los primeros pasos para atender la resolución del Comité contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas (ONU) por los hechos cometidos por militares en 2009, en agravio de cuatro hombres en Baja California.

Por tal motivo, la Procuraduría General de la República (PGR) y las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores analizan los pasos para atender la resolución del comité de la ONU, que demanda la liberación inmediata de quienes fueron torturados por elementos del Ejército, así como la reparación del daño a las víctimas.

El viernes pasado se reunieron en oficinas de Gobernación funcionarios, representantes de organismos nacionales e internacionales y un familiar de uno de los detenidos.

“Aunque tenemos 90 días para informar al comité (de Naciones Unidas) sobre las medidas adoptadas para atender la resolución, ayer mismo le pedimos a la Comisión Nacional de Seguridad que dé atención médica a los internos e inicio en las tareas de rehabilitación.

En tanto, la PGR empezó a trabajar en la parte jurídica en lo que tiene que ver con los asuntos de la liberación de estas cuatro personas, dijo a La Jornada Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.

Precisó que también hay una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (33/2015) de hacer todo lo necesario para erradicar la tortura. Esa práctica, dijo el funcionario, no puede seguir siendo un método de investigación que puede, como en este caso, echar abajo procesos y liberar a personas que están siendo procesadas o fueron enjuiciadas y se obtuvieron confesiones de manera ilegal.

Entonces, añadió Campa Cifrián, estamos trabajando para cumplir con todas las obligaciones derivadas de la resolución.

Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, es el encargado de responder a la ONUFoto Roberto García

El comité de la ONU concluyó, en este caso, que México violó artículos de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, en el caso de Ramiro López Vázquez, Orlando Santaolaya Villarreal y Ramiro y Rodrigo Ramírez Martínez.

Señaló que el Estado mexicano no tomó medidas eficaces para impedir los actos de tortura durante la detención y arraigo de las cuatro víctimas, acusadas de secuestro. Asimismo, dictó auto de formal prisión sobre la base de confesiones obtenidas bajo esa práctica ilegal.

Por tanto, emplaza a México a la inmediata puesta en libertad de las víctimas de tortura; iniciar una investigación exhaustiva y efectiva sobre los hechos; procesar, juzgar y castigar a los responsables, y conceder plena reparación del daño, incluida una indemnización a las víctimas y, en su caso, a los familiares.

Exhorta además a eliminar la figura del arraigo y ajustar el Código de Justicia Militar en términos de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Campa Cifrián indicó que para los detenidos (actualmente presos en el Centro Federal de Readaptación Social número 4 Noroeste, en Tepic, Nayarit) se cerró ya la etapa de instrucción, a fin de dictar sentencia.

Recordó que para México son obligatorias las resoluciones del comité de la ONU. “A reserva del análisis jurídico que haga la PGR, lo que yo puedo decir es que insta al Estado mexicano a la liberación de los detenidos.

Hay otros asuntos de la resolución que tienen que ver con la revisión del fuero militar y el arraigo, donde sólo está haciendo un exhorto, concluyó el funcionario de Gobernación.