Designar ministros al priísta Raúl Cervantes, al panista Germán Martínez o a cualquier otro político cercano al presidente Enrique Peña Nieto o a la cúpula panista, además de poner en peligro la autonomía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) durante los próximos 15 años, representa una ‘‘clara intención’’ de quienes están en el poder para que lleguen a la Corte abogados que garanticen ser afines a un programa ultraconservador de gobierno, sin ideas de renovación jurídica y sin un concepto claro de la importancia que debe tener para un juzgador hacer respetar los derechos humanos.

Coincidieron en lo anterior los doctores en derecho constitucional Elisur Arteaga Nava, Hugo Alberto Arriaga Becerra, Alberto del Castillo del Valle y Jesús Alberto Guerrero Rojas.

Entrevistados por separado, Arteaga, Arriaga, Del Castillo y Guerrero Rojas consideraron que la SCJN debe estar integrada por verdaderos especialistas en amparo y en derecho constitucional. Aseguraron que el priísta Raúl Cervantes se encuentra impedido para ser ministro de la Corte, pues, aunque pidió licencia como senador desde 2014, constitucionalmente sigue siendo legislador.

‘‘El cargo de senador es irrenunciable, lo prohíbe la Constitución. Tan sigue siendo senador (Cervantes) que sigue cobrando las prestaciones de ley que le corresponden. Además, el priísta no es lo que se dice un gran jurista, por lo que tampoco reúne el requisito de ser un abogado que se haya distinguido por su honorabilidad, competencia, eficiencia, capacidad y probidad’’, aseguró Arteaga Nava.

‘‘Si el senador con licencia (Cervantes) está percibiendo cualquier cantidad de dinero, por mínima que sea, o alguna prebenda –como seguro de gastos médicos mayores–, entonces está impedido para ocupar el cargo de ministro. Si lo elige el Senado estaríamos ante un ministro que desde su toma de protesta estaría violando la Constitución’’, dijo Alberto del Castillo del Valle, autor de una decena de libros sobre derecho de amparo y profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México.

La preocupación para Hugo Alberto Arriaga Becerra, quien preside el Instituto Mexicano de Amparo AC, radica en que si la Corte se llena de ministros que desconozcan los entretelones del litigio o la parte técnica del derecho, sería imposible que el máximo tribunal ‘‘cumpla su papel de ser uno de los poderes de la Unión que sirva de contrapeso y limite los abusos o excesos del Ejecutivo o del Legislativo’’.

Arriaga Becerra añadió que una Corte democrática debería estar integrada por juzgadores de carrera judicial, por juristas que hayan trabajado para el Poder Ejecutivo y por abogados postulantes privados que conozcan el día a día en juzgados y tribunales y que dominen la ley, la doctrina y la jurisprudencia.

Jesús Alberto Guerrero Rojas, director del Corporativo Jurídico Sanitario, dijo que la intención de PRI y PAN de convertir a la Corte en un ‘‘club de cuates’’ viola diversos preceptos de derecho internacional, así como resoluciones de las cortes Interamericana y Europea de Derechos Humanos.

‘‘Son resoluciones que obligan a los estados que forman parte de ese sistema de derecho internacional (entre ellos México) a garantizar que la elección de sus juzgadores no se politice, y que hace que los jueces locales, magistrados y ministros cumplan con los principios de imparcialidad, tutela judicial efectiva y equidad de género, lo que claramente no está ocurriendo’’ en nuestro país, cuestionó Guerrero Rojas.

El próximo 30 de noviembre concluyen los periodos de Olga Sánchez Cordero y Juan N. Silva Meza como ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y su remplazo tendrá consecuencias importantes, pues quienes los releven servirán durante 15 años y les tocará resolver controversias constitucionales y/o amparos en revisión contra las principales reformas impulsadas por el gobierno peñista, entre ellas la energética, la fiscal y la financiera.