Los principios de los derechos humanos, así como la paz y la seguridad, son los ejes fundamentales para el desarrollo sustentable, para incluir no solamente a todas las personas, sino también al planeta en su totalidad, señalaron los ombudsman de 53 países reunidos en Mérida, en la duodécima Conferencia Internacional del Comité Internacional de Coordinación de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos.

En la declaración del cónclave los ombudsman se comprometieron, entre otros temas, a hacer que sus respectivos gobiernos rindan cuentas por un progreso deficiente o irregular en la implementación de una agenda de desarrollo sustentable.

Coincidencia entre homólogos

Así, observarán que el progreso en la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sustentable se incluyan en los informes para el Examen periódico universal y ante los órganos con los que se han firmado tratados de derechos humanos y otros instrumentos nacionales, regionales e internacionales.

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, quien encabezó los trabajos del encuentro, destacó la coincidencia con sus homólogos. Dijo que la Agenda 2030 constituye un marco de transformación sin precedente, aplicable a todos los países, que une las dimensiones ambiental, social y económica del desarrollo, a fin de restablecer la armonía y el equilibrio de nuestro entorno.

Por ello, insistió, la agenda incluye 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable y sus 169 metas, mismas que requieren pronta implementación.

La conferencia internacional aprobó por unanimidad la declaratoria de Mérida, denominada: Los objetivos de desarrollo sustentable: ¿qué papel tienen las instituciones nacionales de derechos humanos? En este documento, los ombudsman se comprometieron a impulsar mecanismos para facilitar el acceso a la justicia mediante la reparación del daño y el remedio para aquellos que experimentan el abuso y la violación de sus derechos en la aplicación de la Agenda de Desarrollo Sustentable, y donde las instituciones nacionales de derechos humanos tienen funciones casi judiciales, mediante la recepción y atención de quejas.