unque los mexicanos tendrán el privilegio de conocer, aproximadamente en un mes (Ildefonso Guajardo dixit), lo que el gobierno peñanietista negoció en lo oscurito (léase el Acuerdo de Asociación Transpacífico, ATP), poco a poco comienzan a brincar las pulgas.

Días atrás el secretario de Economía –el susodicho Guajardo– aclaró que, entre otros, el ATP incluye capítulos sobre derechos laborales, y que, a diferencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), dichos capítulos ya no son paralelos, sino que forman parte del acuerdo, aunque ello no implica cambios a la legislación local sobre el trabajo ni extraterritorialidad, sino que obligan a los países a cumplir con sus propias leyes en la materia, porque de no hacerlo estarán sujetos a controversias o sanciones.

Más allá del galimatías del ex suspirante al gobierno de Nuevo León, los empresarios inmediatamente captaron el mensaje y midieron los primeros beneficios para los mexicanos. El siguiente ejemplo resume de qué se trata eso de los derechos laborales:

La precarización de los salarios es uno de los riesgos que puede provocar el ATP, porque México tendrá que competir con países asiáticos, como Vietnam, donde se pagan 150 dólares al mes (unos 2 mil 500 pesos), con jornadas de 10 a 12 horas hasta por siete días a la semana, advirtió Rodrigo Alpizar Vallejo, dirigente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra).

Entonces, dijo, si vamos a competir contra los productos que tienen ese costo salarial, o somos muy productivos y competitivos, o de otra manera habrá que hacer un ajuste en todos los salarios (obviamente a la baja), porque si el ATP pretende generar más empleos y mejor remunerados, ello no puede convertirse en un problema de costos para las empresas (La Jornada, Susana González).

Desde, cuando menos, la negociación del TLCAN la tan cacareada competitividad mexicana se ha basado en la permanente merma salarial. Así, mientras más competitivas, las empresas mexicanas (o las trasnacionales que vienen a gozar las mieles) pagan menos y precarizan más los puestos de trabajo.

Las cifras oficiales documentan que a estas alturas alrededor de 60 por ciento de la población ocupada obtiene un ingreso de entre cero y tres salarios mínimos (ya deszonificados), aunque el grueso de ella se concentra en el rango de uno a dos, es decir, de 70 a 140 pesos por jornada –se supone– de ocho horas.

Al tipo de cambio actual, dichos montos equivalen a 123.5 y 247 dólares, respectivamente, de tal suerte que aquellos que obtienen un salario mínimo serían más competitivos que los vietnamitas, pero ni lejanamente quienes obtienen dos o más salarios mínimos (de hecho, bajo el marco del ATP, estarían apestados por ser altamente anticompetitivos).

Los de salario mínimo en México obtienen 26.5 dólares menos que los vietnamitas, aunque resultan un poco más flojos, pues su turno laboral es –se supone– de ocho horas, contra 10 o 12 de los trabajadores de la citada nación asiática.

Así, y prácticamente en automático, el gobierno mexicano sería el más competitivo entre los abajo firmantes del ATP, siempre y cuando haga pequeñas modificaciones a su ley laboral: se podría respetar el miserable salario mínimo que aquí se paga (cuando se paga, porque cerca de 7 millones de personas no reciben ni un centavo, por mucho que se les considere ocupados, de acuerdo con la estadística oficial), pero debería incrementar la jornada laboral entre 25 y 50 por ciento, con lo que superaría con creces a Vietnam.

Otra ventaja competitiva del país, siempre de acuerdo con el criterio empresarial, es el ejército de trabajadores que sobrevive en la informalidad (ocupación precaria entre lo precario), y 60 por ciento de los mexicanos en edad y condición de laborar se encuentran en tan atractiva condición.

Desde que con bombo y platillo se decretó el inmediato arribo al primer mundo, porque el TLCAN era el boleto de entrada (Salinas dixit), el gobierno mexicano (con sus seis caretas, es decir, de la renovación moral al México en movimiento, sin olvidar la solidaridad, el bienestar para la familia, el cambio y el para vivir mejor) ha trabajado infatigablemente por elevar la competitividad del país, o lo que es lo mismo, reducir a su mínima expresión, la de sobrevivencia, el ingreso de la mayoría.

El mensaje firmado que mandan los empresarios es sencillo: apoyamos el ATP pero tendremos que bajar salarios para competir. ¿Hasta dónde llegará la política de competitividad que desde hace 33 años aplica la dupla gobiernos-empresarios?, porque los muertos no cobran salario.

Cómo olvidar la reciente denuncia de la Cepal, en el sentido de que México es el único país (de América Latina) donde el valor del salario mínimo es inferior al umbral de la pobreza per cápita. Una parte significativa del incremento de la desigualdad entre finales de los años 80 y comienzos de la década de 2000 se debe a la fuerte caída del salario mínimo real. Más aún, esta evolución explica prácticamente todo el incremento de la desigualdad en los quintiles inferiores de la distribución de ingresos durante los años 90. Y remata: si realmente quiere hacerse algo efectivo, entonces la llave maestra contra la desigualdad es el empleo bien remunerado, con seguridad social y derechos.

Y esta última la ha documentado el Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la UNAM: “en 1976, con un salario mínimo diario se podían comprar casi tres kilos de carne, siendo bastante claro que es a partir de 1982 que se invierte esta relación, es decir, el precio de la carne se encuentra por encima de lo que recibe un trabajador como paga. Hoy con un mini ingreso sólo compra medio kilo (si bien va). Es el resultado de las políticas salariales y del método adoptado por los gobiernos para ‘hacer competitiva’ una mano de obra productiva y barata”.

En los 80, apunta el CAM, México se inserta en la dinámica mundial del neoliberalismo y asume que el trabajo precarizado será una de las condiciones para estimular la inversión extranjera y activar la economía. El resultado de 30 años de dicho modelo económico se observa mediante el tiempo laboral que un trabajador destina para adquirir los alimentos para su familia. Así, en 1987 canalizaba el equivalente monetario a medio turno para comprar la canasta alimenticia recomendable; en 2015, el equivalente a tres jornadas completas”.

Las rebanadas del pastel

Pero qué más da, si gobierno y empresarios van por más competitividad.

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