A por lo menos 63 por ciento de las personas que intentan abrir un negocio se les exigen pagos ilícitos para acelerar y facilitar los trámites, revela un sondeo. Un porcentaje similar sostiene que perdieron oportunidades empresariales por rehusar pagar sobornos y obtener contratos.

En el seminario Hablemos de corrupción, Roby Senderowitsch, quien es gerente del Programa Abierto de la Alianza Global para la Auditoría Social del Banco Mundial, señaló que uno de los desafíos centrales a los que se enfrentan las economías es reducir los costos que le representa la corrupción, fenómeno que se ha tornado en un freno a las inversiones y genera una pérdida en la confianza social hacia las instituciones.

El funcionario destacó que en la actualidad, no puede ya hacerse referencia a la corrupción en alusión exclusiva al sector público, toda vez que también hay que contabilizar fenómenos ocurridos en la iniciativa privada.

La legislación no basta

La ex presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información María Marván reconoció la evolución que ha tenido la legislación en el combate a la corrupción y en la transparencia; sin embargo, esto no es suficiente: pues en el mejor de los casos la inhibe y en el peor, sólo la exhibe.

Marván advirtió la importancia de consolidar la reforma constitucional que creó el Sistema Nacional Anticorrupción y evitar que con la legislación secundaria, se reduzcan sus alcances. Para ello, se requiere que, en paralelo a la aprobación de las leyes secundarias, se diseñen políticas públicas dirigidas a reducir los niveles de corrupción, porque la sola legislación no es suficiente.

En su oportunidad, María Amparo Casar, directora de Anticorrupción del Instituto Mexicano de Competitividad, mencionó que un estudio de esa organización revela que el costo anual de la corrupción, en una estimación moderada calculada en 5 por ciento del producto interno bruto, asciende a 890 mil millones de pesos, lo que representa 200 veces el presupuesto de las instituciones encargadas de combatirla; 87 veces el de la UNAM, 7.7 veces el de Sedesol o tres veces el de la Secretaría de Educación Pública.