La Secretaría de Gobernación (SG) dijo que la aprobación de la ley de desaparición de personas –prevista para el actual periodo ordinario de sesiones– debe ir a la par del diseño de un plan presupuestal para el adecuado funcionamiento del sistema nacional de búsqueda, uno de los bastiones de la nueva normativa.

‘‘La iniciativa está en la etapa final, en revisión presupuestal, a fin de que la ley no se quede en papel y se transforme en una realidad’’, dijo Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la dependencia.

Organizaciones civiles han propuesto protocolos para el correcto funcionamiento del sistema, en especial para la reacción inmediata en las 24 horas siguientes al reporte de desaparición.

El grupo Idheas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, propone incluir la activación de un mecanismo de búsqueda urgente, acciones ministeriales con la misma celeridad (emitir alertas carreteras, financieras y migratorias), aplicar alternativas de geolocalización de vehículos y dispositivos móviles, y dotar a las víctimas de información y protección.

Si pasadas 24 horas no se ha localizado a la persona, registrar toda la información disponible al tiempo que el Ministerio Público inicie la averiguación previa o carpeta de desaparición.

El nombre de la normativa en ciernes es ley general para prevenir y sancionar los delitos en materia de desaparición de personas. Este paquete tiene en consecuencia reformas y derogación de diversas disposiciones de la Ley General de Salud y la abrogación de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas y Desaparecidas.

El sistema nacional de búsqueda, según el anteproyecto de ley, debe contar con la participación de instancias federales y locales, así como los familiares de las personas no localizadas y representantes de grupos civiles. Deberá haber una coordinación con las unidades especializadas de cada entidad federativa y aplicar modelos de protocolos de búsqueda de personas, de identificación forense y atención a víctimas.

El subsecretario Campa hizo énfasis en que la operación del sistema ‘‘implica no sólo contar con un equipo a nivel central, sino que también los estados atiendan esta obligación, este reclamo importante de la ciudadanía’’.

Dijo que los requerimientos presupuestales son ‘‘moderados’’, aunque no dio una cifra toda vez que el punto está actualmente en análisis. ‘‘No se trata de grandes cantidades de recursos. Las propuestas que se han hecho son bastante moderadas a partir de la realidad que tenemos, pero se está en etapa para mandar (al Congreso) una iniciativa que tenga soporte presupuestal’’, señaló.

Campa Cifrián fue entrevistado al término de la firma de un convenio con la Secretaría de la Función Pública para abrir canales de participación a la ciudadanía en la construcción de reglamentos y otros marcos legales.