El partido Morena en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) presentó una iniciativa de ley de amnistía para las personas que fueron detenidas, consignadas, procesadas y sentenciadas por el delito de ataques a la paz pública y otros considerados no graves desde el primero de diciembre de 2012, con motivo de su participación en movilizaciones, protestas y otros actos relacionados con el reclamo de demandas sociales.

El grupo parlamentario presentó además iniciativas de reforma al Código Penal para derogar ese delito, previsto en el artículo 362, así como el 287, que enmarca el de ultrajes a la autoridad.

Esto, a raíz de las recomendación nueve, 10 y 11 que emitió el mes pasado la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) a partir de diversos casos de detenciones arbitrarias y en los que se vincula a la ALDF, requiriéndole derogar ambos tipos penales para abonar a un clima de conciliación social y desvanecer figuras que criminalizan la protesta social.

En la primera iniciativa, que presentó al pleno el diputado Miguel Ángel Hernández Hernández, refirió que del primero de diciembre de 2012 a julio de 2015, es decir, en tres años, hemos tenido 389 personas detenidas arbitrariamente, 200 consignadas y 103 procesadas.

La iniciativa plantea crear una comisión investigadora de las detenciones y procesos derivados de la participación de personas en manifestaciones y protestas sociales con ciudadanos, organizaciones civiles defensoras de derechos humanos y una representación de la ALDF que revise cada caso.

La diputada Citlalli Hernández Mora presentó a su vez las iniciativas para derogar los artículos 287 y 362 del Código Penal, en las que advierte que en el caso del delito de ataques a la paz pública, con diferencias mínimas en conceptos, es la misma conducta punible prevista en el artículo 139 del Código Penal Federal para el delito de terrorismo, y en la exposición de motivos contrasta ambos textos con definiciones de este último delito en el ámbito internacional y en los códigos locales de Veracruz, Chihuahua, Hidalgo y Sinaloa.

Afirma que para este delito como para el de ultrajes a la autoridad existen en el mismo Código Penal local figuras delictivas específicas para sancionar hechos de vandalismo y violencia contra comercios y edificios públicos que se han cometido en movilizaciones, por lo que “no puede invocarse que se está dejando al Estado sin instrumentos para castigar esas conductas.

Ayer también la bancada del PRI presentó una iniciativa para aumentar las penas al delito de ataques a la paz pública con hasta 30 años de cárcel, la suspensión de derechos políticos por 20 años y una sanción económica de 2 mil días de salario mínimo (140 mil 200 pesos).

El texto vigente plantea una sanción de dos a siete años de prisión y suspensión de derechos políticos hasta por 10 años.

En el dictamen elaborado por el legislador priísta Israel Betanzos, en cuya exposición de motivos se retoman textos de Wikipedia, señala que en la protesta del primero de diciembre de 2012, durante la asunción del cargo de presidente de Enrique Peña, algunos activistas llamados anarquistas comenzaron a hacer destrozos en las inmediaciones del Palacio Legislativo y en la Alameda Central, y señala que las penas vigentes dejan en total impunidad todo hecho relacionado con movilizaciones violentas.