l secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), José Ángel Gurría, aseguró ayer, mediante un mensaje grabado, que pese a los avances en el combate a la pobreza
, México es el país más desigual de esta agrupación de 34 naciones, y señaló que se requiere una segunda ola de reformas para enfrentar los desafíos estructurales de nuestro país.
Tal pronunciamiento coincidió en la fecha con la presentación de un estudio en el que ese organismo multinacional afirma que el sistema mexicano de pensiones requiere de nuevas reformas para evitar que los trabajadores tengan que jubilarse con montos de una cuarta parte de su último ingreso promedio.
Es significativo que tales señalamientos provengan de un organismo que en décadas recientes ha adoptado como causa –en conjunto con el Fondo Monetario Internacional y con el Banco Mundial– la promoción e implantación del llamado Consenso de Washington en América Latina, particularmente en México. En esa lógica, la organización con sede en París ha avalado el abandono por los gobiernos de la región de las políticas de desarrollo social y los programas de redistribución de la riqueza.
En efecto: la desigualdad que recorre el país es consecuencia de la aplicación de un recetario neoliberal que preconiza la deliberada contención salarial, la reducción de programas sociales y la eliminación de derechos y conquistas laborales, con los supuestos objetivos de reducir la inflación, incrementar la competitividad y la productividad y atraer inversiones extranjeras. En los hechos, esas medidas se han traducido en obstáculos para reactivar el mercado interno, para generar empleos y para una recuperación económica perceptible y sólida, y han llevado a una vergonzosa concentración de la riqueza en un sector minoritario de la población.
Otro tanto puede decirse de las fallas del sistema actual de pensiones, que en las últimas dos décadas pasó de un modelo solidario a otro basado en cuentas individuales, las cuales, como se comentó ayer en este espacio, son sistemáticamente colocadas a merced de la voracidad especulativa, con las consecuentes pérdidas o minusvalías
en perjuicio de los trabajadores. En todo momento, las políticas mencionadas han contado con el beneplácito de la OCDE; por ello, las afirmaciones realizadas por ese organismo revisten una inaceptable falta de autocrítica que raya en el cinismo.
La pertenencia de México al llamado club de los ricos
no sólo ha representado una atadura adicional a las desastrosas recetas neoliberales. También ha dado pie a anomalías institucionales como el hecho de que el secretario general de una organización internacional –como el propio Gurría– opere, con un poder análogo o mayor al de un funcionario del gabinete económico, con el agravante de que su influencia trasciende los límites sexenales. Con todo, es justo señalar que han sido los propios gobiernos del ciclo neoliberal los que han puesto en manos de la OCDE atribuciones y facultades que debieran corresponder al Ejecutivo federal o, cuando menos, a instancias y organizaciones nacionales.
En suma, para remontar o cuando menos atenuar la catástrofe social en curso, no se requiere un nuevo ciclo de reformas neoliberales como las que se han aplicado en el pasado cuarto de siglo. Es necesario, en cambio, emprender un giro en la política económica que vaya en sentido contrario a la preceptiva de la OCDE: fortalecer el mercado interno y el nivel de vida de la población; ampliar la inversión pública en educación y desarrollo tecnológico; elevar la calidad de sus servicios y consolidar la eficacia de las instituciones para promover el desarrollo social.
