Diversas organizaciones de defensa de derechos humanos denunciaron que el gobierno mexicano carece de un programa de búsqueda de personas desaparecidas, las cuales suman más de 26 mil desde diciembre de 2006 a agosto de 2015, según cifras oficiales.

Informaron que entre noviembre de 2014 y mayo de 2015, tan sólo en el estado de Guerrero se recuperaron a través de la búsqueda ciudadana 104 cuerpos, pero sólo 10 han sido identificados y entregados a sus familiares.

Con cifras cruzadas con los reportes oficiales, testimonios de víctimas recogidos a la largo del país e información de investigadores e instituciones académicas, las organizaciones señalan que hay datos suficientes no sólo para denunciar que en México se violan de manera sistemática y generalizada los derechos humanos desde hace mucho tiempo, sino que ahora ‘‘la situación se ha agravado hasta llevarnos a la crisis de brutalidad de crimen que vivimos actualmente en medio de una total impunidad’’.

Además, resultado de un foro sobre la situación de los derechos humanos en el país, expresaron su profunda y urgente preocupación ante la omisión del Estado para poder garantizar la efectiva protección de estas garantías y atender sus obligaciones nacionales e internacionales.

‘‘No podemos dejar de señalar la complicidad e impunidad que existe, y ha sido documentada en diversos casos, de los diferentes niveles de gobierno y autoridades con grupos paramilitares y el crimen organizado en buena parte del territorio nacional’’, se señala en el pronunciamiento hecho por las organizaciones convocantes al foro.

Afirmaron que esta participación ha sido documentada en 58 mil 381 quejas interpuestas en el periodo 2004-2014 ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por detenciones arbitrarias y en ello también han sido documentados 17 mil casos por tortura y tratos inhumanos.

Esas detenciones se han llevado a cabo por parte de las fuerzas del Estado para alimentar y justificar la criminalización y la idea de un enemigo común ante la opinión pública, bajo el contexto de la guerra contra el narcotráfico desde 2006 hasta hoy, señalaron las organizaciones.

Destacaron que en la guerra contra el narcotráfico, todavía en el gobierno de Felipe Calderón, en el periodo 2006-2012, las ejecuciones extrajudiciales cometidas contra civiles fueron consideradas ‘‘daños colaterales’’, pero en la gestión de Enrique Peña Nieto ‘‘se ha decidido omitir esta grave violación a los derechos humanos para cuidar la imagen del actual gobierno’’.

El pronunciamiento, resultado del foro, es suscrito por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, los centros de la Montaña Tlachinollan y Pro Juárez, así como por Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos y el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad, entre otros.