El comisionado James Cavallaro, relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para México, reconoció la labor del gobierno para atender las resoluciones de este organismo regional en cuanto a casos particulares.

La CIDH valora los esfuerzos del Estado mexicano en la construcción de una política de búsqueda de solución amistosa y cumplimiento de los asuntos pendientes ante el sistema de peticiones y casos individuales, dijo Cavallaro en una reunión celebrada en Washington, cuya información fue replicada en México.

Cavallaro visitó México el 23 y 24 de septiembre pasado para atender asuntos relativos a los mecanismos de soluciones amistosas y seguimiento de peticiones y casos, entre los que se encuentra el 11.411 de Severiano Santiz López y otros (del ejido Morelia) para el cumplimiento de las recomendaciones formuladas por la CIDH, la cual está a la espera de un segundo acto para concluir las recomendaciones en beneficio de los familiares de las víctimas.

También se planeó un acuerdo de solución amistosa en el caso de Antonio Jacinto López, el cual incluye medidas de reparación integral del daño, sujeto aún a la aprobación de la CIDH.

Admite responsabilidad

Por lo pronto el Estado mexicano realizó un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por los hechos, en el que además ofreció disculpas a la familia de Jacinto López, quien se encontraba bajo la protección de medidas cautelares de la CIDH cuando fue víctima de un atentado en el que perdió la vida.

Cavallaro exhortó a la integración de un protocolo para la implementación de las medidas cautelares de la CIDH y también para investigar y sancionar los hechos.

El 24 de septiembre, el comisionado Cavallaro facilitó cuatro reuniones de trabajo entre las partes de los casos 12.847, de Vicenta Sánchez Valdivieso; el 12.915, de Ángel Díaz Cruz y otros; el 12.550, de Silvia Arce, y el de la petición P-1171-09, de Ananías Laparra.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La comisión, integrada por siete miembros independientes, tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia.