Los trabajadores que hoy tienen una pensión garantizada bajo el esquema de beneficios definidos serán llevados a un sistema mixto en el que una parte de su retiro deberá ser financiado por ellos mismos, de acuerdo con una propuesta de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) lanzada esta semana.

La propuesta del organismo fue presentada el jueves pasado, un día antes de que, según versiones periodísticas, Fernando Mayans, presidente de la Comisión de Seguridad Social en el Senado, informó que el sistema de pensiones será reformado en abril de 2016. El legislador reveló que el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, se reunió con senadores para planear el diseño de la iniciativa. Se consultó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sobre el tema y declinó hacer comentarios.

El estudio de la OCDE presentado el pasado jueves 15 propone un esquema de prorrata, por medio del cual todos los trabajadores –incluso aquellos que empezaron a cotizar antes de la reforma a la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en julio de 1997, y que podían escoger entre el sistema de beneficios definidos– migrarán a otro basado en la cuenta individual de contribución definida a cargo de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore).

Los trabajadores más afectados serán los de la generación de transición que empezaron a trabajar bajo el régimen de la Ley del IMSS de 1973, la cual les brindaba una pensión de ciento por ciento de su último salario, pero al efectuarse la reforma de 1997 a la Ley del IMSS, que cambió el sistema de pensiones, a estos trabajadores se les otorgó el beneficio de decidir en qué régimen deseaban jubilarse, si en el de 1973 o en el de 1997, a través del sistema de Afore.

Ahora, después de 18 años de haberse efectuado estos cambios, descubren que con el régimen de cuentas individuales representado por las Afore los trabajadores sólo obtendrían 25 por ciento de su último salario, aunque las autoridades continúan diciendo que fue un éxito; por ello insisten en las aportaciones voluntarias, afirmó Gustavo Leal Fernández, especialista en seguridad social y salud.

La semana pasada, el secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, en su visita a México dijo que el nuevo sistema de contribución definida sólo tendrá éxito si se incrementan las aportaciones obligatorias y se introduce un mecanismo de prorrata para allanar la transición del viejo al nuevo sistema de pensiones.

Leal Fernández refirió que el problema del actual sistema de pensiones no es aritmético ni que las aportaciones sean bajas. Son menores, porque este sistema de capitalización que se estableció con la reforma a la Ley del IMSS en 1997 es incapaz, como modelo, de generar ahorro suficiente por el estancamiento estructural de la economía y debido a la falta de empleo digno y con un nivel salarial que no permite a los trabajadores hacer aportaciones complementarias.

El economista y experto en sistemas de pensiones consideró que se trata de un problema estructural en el sistema de ahorro para el retiro mexicano, debido a la relación entre capitalización y ahorro por el bajo crecimiento del país y su incapacidad para generar empleo y salarios dignos.

El también catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana señaló que el gran problema y que debería ponerse en el centro de este gran debate nacional no es subir aportaciones, sino definir cuál va a ser el destino de los jóvenes, que con un mercado laboral tan inestable y unos niveles salariales tan bajos van a afrontar un futuro pensionario nulo o mínimo que evidentemente no debería ser la máxima de un proyecto de modernización como el que quiere encabezar cualquier partido político en México.

El centro del problema y que se debería poner en la agenda no es este parche de la Comisión Nacional del Sistema para el Retiro (Consar), sino el futuro pensionario de los jóvenes y dentro de ese futuro una combinación de capitalización personal complementaria a un compromiso del Estado para que ellos tuvieran algo en su futuro.

Leal Fernández opinó que es muy grave que el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, esté sesgando desde el principio del debate porque él es de la opinión de que el sistema del retiro actual, después de 18 años, es un éxito.

Pero cómo va a ser un éxito un sistema que va a garantizar una pensión de 25 por ciento del último salario devengado, tal como reconoció Gurría desde la OCDE, eso no puede ser exitoso, aseveró.

El experto se preguntó: ¿La Consar, encabezada por Carlos Ramírez, está capturada, como ha sucedido en otras partes del mundo y lo documentan los estudios de la Organización Internacional del Trabajo, por los intereses de las propias administradoras, o está construyendo una agenda regulatoria realmente efectiva?

Asa Cristina Laurell, investigadora, médica y política e integrante del Sistema Nacional de Investigadores, señaló que lo que ahora se pretende es pasar el costo fiscal de las pensiones a los trabajadores, particularmente al sector público y también quieren establecer la cotización obligatoria para los trabajadores independientes que están en el sector informal y que representan 53 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA).

Lo que quieren hacer es terminar con el régimen anterior de beneficios conocidos y el esquema que plantean para calcular la pensión terminal sería en proporciones sobre cuántos años cotizó el trabajador en el esquema de beneficio conocido y en adelante, cuando se aprobará la nueva ley, se tendrá la obligación de meter todo el dinero en lo que son los fondos administrados por las Afore y así se tendría una pensión proporcional de ambos esquemas y esto impactaría sobre el monto de la jubilación final de los trabajadores del sector público y privado.

Lo que plantean, agregó Asa Cristina Laurell, es que en principio todo el sector público tendría que pasar al régimen de actualización individual, con excepción de las fuerzas armadas, con las que el gobierno no se quiere confrontar. A los que primero tienen en la mira es a los trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex), debido a que la empresa ya se privatizó, consideró.

Recordó que el gobierno hizo una reforma al régimen de pensiones de las fuerzas armadas durante la administración de Felipe Calderón, y es la única que no pasa a la actualización individual, sino se mantiene con beneficios conocidos y eso tiene un significado muy grande porque no se quieren pelear con las fuerzas armadas.

Además se anularía el beneficio de acceso a una vivienda, porque los recursos de esta subcuenta se incluiría en este nuevo régimen para prorratear el pago de la pensión de los trabajadores, advirtió.