Oficios ineficaces, protocolos de búsqueda erráticos, personal no especializado a cargo de los casos y desprecio ante el dolor son parte de la realidad que enfrentan en el país familiares de personas desaparecidas.

Nos constituimos vía terrestre en la avenida México, por el café El Jarocho, y le preguntamos a los transeúntes si la habían visto. Ese fue el escueto reporte emitido por la policía de investigación del Distrito Federal en horas y días valiosos para dar con el paradero de Daniela Saucedo Castellanos, de 29 años de edad, extraviada en la delegación Coyoacán el 13 de agosto pasado. Su situación es de especial vulnerabilidad porque padece esquizofrenia y epilepsia.

Los familiares de los desaparecidos en todo el país sufren prácticamente lo mismo: burocracia, falta de resultados y maltratos.

En Coahuila, por ejemplo, el colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos tiene documentados en esa entidad 367 casos y 168 de otras entidades. Hasta el momento ninguno ha sido localizado.

Por el contrario, los afectados se topan con la revictimización. Nos sentimos como limosneros al pedir ayuda, lamentó Carmen Ramírez, quien busca a su hijo y a su hermano desde mayo de 2008.

Murió sin encontrar a su hijo

En otro caso, hace exactamente un año, como su última voluntad, el cadáver de Margarita Santizo fue llevado frente a la Secretaría de Gobernación, como protesta porque las autoridades no buscaban a su hijo, un policía federal desaparecido en Michoacán en 2009. Dio hasta su último aliento tratando de hallar a su vástago.

Según el registro oficial, en México hay 26 mil 580 personas no localizadas, al corte del 31 de julio pasado.

La mayoría (25 mil 918) son expedientes a cargo de las procuradurías estatales. En el fuero común, el primer sitio lo ocupa Tamaulipas, con 5 mil 411 casos; le sigue estado de México, Jalisco y Nuevo León. En el federal, predomina Guerrero. En ambas situaciones el bloque mayor de desaparecidos es de adolescentes y adultos jóvenes.

El gobierno federal prometió la creación de una fiscalía especializada para desaparecidos y prepara una ley para tratar de atajar las fallas y omisiones ante esta creciente problemática.

Mientras tanto, con el dolor y la desesperación que provoca el paso de las horas y los días sin saber qué fue de su ser querido, los familiares deben aprender a moverse en los enredos burocráticos.

Con frecuencia sólo logran la distribución de un fotovolante, el pedazo de papel en el cual aparece la foto de la persona no localizada, así como sus datos generales.

Con la misma desgracia se topó la familia de Araceli Leal Saldívar, diagnosticada con trastorno bipolar; ella, procedente de Veracruz, se perdió el 3 de agosto en la Central Camionera del Norte. Afortunadamente apareció hace unos días, no por la labor de investigadores capitalinos, sino porque deambuló hasta Chiconcuac y ahí pudo dar algunos datos para la localización de sus familiares, en Poza Rica.

Antes, su hermana Eloísa debió buscar, con sus propios medios, en hospitales, albergues y forenses. Lo peor en esta pesadilla fue pensar que estuviera muerta, ¡y que por la falta de datos la mandaran a la fosa común, como si nadie la estuviera buscando!

Sólo un fotovolante

En el Distrito Federal, el caso de Daniela, comenta su madre, María Isabel Castellanos, muestra deficiencias del Centro de Atención a Personas Extraviadas y Ausentes (Capea), de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. En entrevista relata errores y omisiones que provocaron la pérdida, irrecuperable, de tiempo y evidencias.

Hoy, en una zona clave donde pudieran rastrear exhaustivamente las pistas que lleven hacia Daniela, sólo está un fotovolante maltratado, ilegible ya, por el efecto de las lluvias.

A ello se agrega el prejuicio ante una ausencia. “Lo primero que te preguntan es: ‘¿tenía novio?, ¿no?, ¿segura? Ah, pero ya se había ausentado antes’”, relata Castellanos.

Su hija, debido al padecimiento, tiene un comportamiento social distinto; habla poco, no tiene amigos, ni celular y tampoco participa de redes sociales.

La tarde del 13 de agosto tomó 4 mil pesos, las tarjetas de crédito, la credencial del IFE de su mamá y salió de su casa, ubicada en la colonia Pedregal del Maurel, en Coyoacán.

La última vez que se le vio fue hace casi dos meses en una cafetería ubicada en las inmediaciones de los Viveros de Coyoacán, muy cerca de donde vivía antes; aparentemente optó por volver a un lugar que le era familiar.

María Isabel solicitó que se extendiera la búsqueda a otras delegaciones, al menos a Benito Juárez y a Cuauhtémoc, porque ahí también había sitios a los que pudo haber ido. Sin embargo, la petición no fue inscrita en el texto de la declaración inicial.

Tras el reporte de extravío, el primer rastreo sería con las cámaras de seguridad; la más cercana está colocada casi al lado de la casa de la muchacha, pero el aparato no funciona; en otras cercanas se pierde la visibilidad debido a un tianguis que se instala en la banqueta.

En el Metro Universidad María Isabel se enteró de que el Capea no había enviado ningún oficio, pese a que le habían dicho que ya estaba girado. Por tanto esa alternativa de información también se perdió porque ante la demora en la gestión, en el Metro ya habían borrado parcialmente los videos del día del extravío.

Lo que me tiene sumamente preocupada, angustiada, es que ella rompe con el patrón y aparentemente salió de la zona conocida para ella, señala.

En el expediente se consigna que Daniela ya se había ausentado de su casa de mayo de 2014 a enero de 2015, lo cual no es cierto, agrega.

“Para mí eso es una manera de desvirtuar, de decir: ‘no es la primera ausencia, si estuvo ausente nueve meses, entonces esta señora para qué se preocupa’. En realidad se ausentó una vez por cuatro días, hace 10 años, cuando tuvo su primer brote sicótico; en mayo de 2014 se da otra ausencia, pero yo la encontré, por mis medios”, indica.

Para llenar un reporte de investigación se basan en los antecedentes que encontraron y ni siquiera constataron si los datos eran precisos. Solicité el apoyo de seguridad pública, para que se pegue el fotovolante en las patrullas; que la búsqueda se haga en toda la ciudad. No ha ocurrido nada.

Las diligencias –añade– las tienen que realizar los familiares porque a nivel institucional básicamente no hay estructura de búsqueda eficiente.

“Le expliqué al director del Capea, José Antonio Ferrer, la vulnerabilidad de mi hija, por su enfermedad, pero fue hasta un mes después cuando cambió el caso a la Unidad de Asuntos Relevantes.

“En hospitales se comunican entre trabajadoras sociales y a veces, porque me consta, llenan formularios fantasma, es decir, sin hacer un cruce de datos a profundidad.

“En el DF el protocolo es muy limitado; sólo buscan en el lugar de los hechos. Prácticamente suplicamos que peguen los volantes en todas las fiscalías (delegacionales), en hospitales, en las patrullas de toda la ciudad.

En unas semanas he tenido que armar toda una estrategia de búsqueda, a nivel de medios de comunicación, a nivel federal. Espero que mi denuncia no tenga represalias porque trabajo en la procuraduría; estoy angustiada, todo lo hago para hallar a Daniela, aunque cada día que pasa es menor mi esperanza de encontrarla con vida.