Inteligencia naval y colaboración con la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) han permitido establecer las zonas y sitios en que Joaquín El Chapo Guzmán Loera se escondió casi un mes.

Incluso la colaboración interinstitucional que se ha dado bajo nuevas reglas con el gobierno mexicano detectó que el capo celebró con una fiesta su fuga del penal de máxima de seguridad, revelaron funcionarios que participan en el gabinete de seguridad nacional.

Señalaron que el gobierno de Enrique Peña Nieto ha ido modificando los esquemas de cooperación que se tenían al inicio de su mandato con las agencias estadunidenses, ya que en 2013 se canceló su participación en operativos antidrogas y detenciones, aunque su presencia se realizaba con uniformes de agentes federales.

La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) mantuvo los mayores contactos con agencias como la DEA, Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF) y con Inmigración y Aduanas (ICE), mientras en la Procuraduría General de la República (PGR) únicamente permitía el intercambio de informes ­oficiales.

Señalaron, al igual que ocurrió en 2014 el gobierno permitió que naves no tripuladas de Estados Unidos apoyaran las acciones de búsqueda de Guzmán Lorea y que las actividades de los agentes extranjeros se incrementaran mediante acciones de intercambio de información y seguimiento.

Encuentro con familiares

Por otra parte, la Comisión Nacional de Seguridad informó que los familiares de los 11 policías federales detenidos por su presunta participación en la fuga de Guzmán Loera se reunieron con los titulares de la Policía Federal y del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social.

Durante el encuentro de carácter privado que duró unas dos horas, los familiares plantearon sus peticiones en relación con la seguridad de los agentes federales dentro del penal, así como su situación jurídica y laboral.

En la reunión, efectuada en el complejo Constituyentes de este organismo, se acordó que la Comisión Nacional de Seguridad, a través de los titulares de los órganos administrativos de Policía Federal y de Prevención y Readaptación Social, estarán pendientes del proceso penal hasta que la autoridad judicial determine si existe o no responsabilidad, así como de la seguridad de los internos, indicó la dependencia.