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Presentaron querellas sindicatos como Manos Limpias

Fiscalía española pide investigar a VW por presunto fraude y delitos contra el ambiente
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Automóviles con motor diésel de Volkswagen en un sitio de ventas en Salt Lake City. En España, el escándalo de las emisiones afecta a unos 700 mil motores diésel (principalmente de las marcas Volkswagen y Seat) de un total de 11 millones de vehículos involucrados en todo el mundo. El grupo germano genera 7 por ciento de sus ventas en España y su fuerza laboral ronda las 20 mil personasFoto Ap
 
Periódico La Jornada
Martes 20 de octubre de 2015, p. 25

Madrid.

La fiscalía española solicitó la apertura de una investigación al fabricante alemán de automóviles Volkswagen por presunto fraude y delitos medioambientales, en el contexto del escándalo por la manipulación de emisiones en vehículos diésel de la firma.

La oficina de la fiscalía envió la recomendación el lunes al juez de instrucción Ismael Moreno, alegando que los presuntos delitos podrían haber afectado a españoles de toda la nación.

Dijo que en vista de que los automóviles en cuestión clasificaron para recibir subsidios estatales, las acciones de la compañía podrían constituir un fraude contra el gobierno.

De acuerdo con un documento al que tuvo acceso Reuters, la fiscalía instó la investigación tras querellas del sindicato Manos Limpias y de la Asociación Internacional Antifraude para la Defensa de los Afectados por Motores Volkswagen.

La fiscalía pide, entre otras cosas, que el Ministerio de Industria remita al juez la información que tenga sobre el caso, incluyendo el dictamen de la Agencia Medioambiental de Estados Unidos (EPA) y los informes que haya recibido de Volkswagen y otras entidades involucradas. Un portavoz de Volkswagen en España rechazó hacer comentarios.

Seat, filial española de Volkswagen, aceptó que ensambló 700 mil vehículos con motores diésel EA 189 que tenían un software que les permitió hacer trampa en las pruebas de emisiones.

La fiscalía también solicitó al Ministerio de Medio Ambiente del país que entregue, en caso de disponer de ellos, informes sobre los vehículos manipulados para determinar su grado de emisiones.