Ningún argumento en contra de utilizar los remanentes del Banco de México (BdeM) para el pago de la deuda pública pesó en el pleno de la Cámara de Diputados, y la mayoría integrada por PRI, PAN, PVEM y Panal aprobó la reforma al artículo 19 bis de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que otorga al gobierno federal la capacidad de utilizar los citados remanentes para el pago de deuda pública de ejercicios anteriores.

Las fracciones de Morena y PRD reprocharon a su vez el contenido de la adición y votaron en contra, porque los recursos públicos remanentes en el Banco de México se usarán para solventar el déficit público en que incurra el gobierno federal, acusaron.

En el pleno, al inicio de la discusión del paquete fiscal, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Baltazar Hinojosa (PRI) argumentó que el artículo 55 del Banco de México impone a dicha institución la obligación de entregar al gobierno federal el importe íntegro de su remanente de operación, una vez constituidas las reservas previstas en esa ley, cuando ello no implique una reducción de reservas provenientes de la revaluación de activos.

‘‘Sin embargo, si el gobierno federal se gasta estos recursos, la deuda consolidada entre el banco y el gobierno se incrementa. Para que esto no suceda debemos asegurar que el gobierno federal aplique estos recursos, que por su propia naturaleza no son recurrentes, directamente a reducir el endeudamiento público o aminorar los requerimientos financieros del sector público. Esto cobra particular importancia en la situación actual, cuando se prevén condiciones menos favorables en los mercados financieros internacionales.’’

Contenido del dictamen

Con tales argumentos, el legislador priísta desglosó el contenido del dictamen que finalmente fue aprobado por el pleno.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público destinará los ingresos que correspondan al importe del remanente de operación del banco central, y entere al gobierno federal en términos de la Ley del Banco de México en los siguientes conceptos: cuando menos 70 por ciento a la amortización de la deuda pública del gobierno federal contratada en ejercicios anteriores, o en la reducción del monto del financiamiento necesario para cumplir el déficit presupuestario, que en su caso haya sido aprobado por el ejercicio fiscal en que se entere el remanente, o bien una combinación de ambos conceptos.

El monto restante se podrá destinar a fortalecer el fondo de estabilización de los ingresos presupuestarios, o bien al incremento de activos que fortalezcan la posición financiera del gobierno federal.

En respuesta, Mirza Flores, de Movimiento Ciudadano, presentó una moción suspensiva con objeto de controvertir el dictamen. Consideró que esto no asegura la transparencia que tanto señala el destino de hasta 70 por ciento de los remanentes del Banco de México a deuda pública o a déficit, o ambos. ‘‘La gran omisión es no señalar la obligación de enterar a esta honorable Cámara de Diputados los montos exactos’’.

Por su parte, Vidal Llerenas, de Morena, argumentó lo ‘‘ominoso’’ –dijo– de la reformas a la ley. ‘‘A mí me parece que el principal problema de la redacción que hoy se busca aprobar es que se pretende de hecho que el Congreso renuncie a su facultad de decidir qué hace con el dinero público. Lo que indica la redacción es que el año que entra, donde va a haber un importante remanente, dado que el Banco de México vendió dólares caros que compró baratos en 2015, se pueda usar para cumplir la meta de sector público. Es decir, si le falta ingreso y le sobra gasto puede usar de manera libre el remanente.

‘‘Por tanto, yo propongo que se adicione que la secretaría publicará la utilización de dinero del fondo y con eso sus estados de cuenta completos, y en caso en que financie proyectos de inversión, deberá publicar la lista de proyectos a los que destinó estos recursos. En todos los casos el uso que se da a los remanentes entregados por el Banco de México deberá ser aprobado por la Cámara de Diputados.”

Aún así, la disposición estaba dictada en el dictamen, documento que fue aprobado por la mayoría de diputados priístas y panistas, con el respaldo de los partidos Verde y Nueva Alianza.