Buenos Aires.

El juez federal argentino Luis Rodríguez ordenó este martes catear las sedes de la empresa mexicana Telmex y de Ibercom, además de dependencias del gobierno de la ciudad de Buenos Aires que las había contratado, pero que no supervisaron la tarea, por lo cual se produjeron severos daños en tendidos subterráneos de alta tensión que afectaron con cortes de luz a tres barrios porteños, el martes pasado.

El Ministerio de Planificación a nivel nacional presentó la denuncia al fiscal Franco Picardi y el magistrado Rodríguez hizo lugar a las medidas de prueba pedidas por éste y cateó las sedes de las empresas a cargo de los trabajos para incautar documentación, llevándose los contratos para la realización de la obra que causó el corte masivo y los planos, entre otros documentos.

El corte electrico afectó a 110 mil usuarios en los barrios residenciales de Recoleta, parte de Palermo y toda la zona de Barrio Norte, generando graves situaciones durante dos o tres días en algunos casos, ya que llevó tiempo la reparación de los daños provocados por las maquinarias de las empresas. Telmex, la empresa del mexicano Carlos Slim, contrató a Ibercom para hacer el trabajo conjuntamente.

Corte al suministro eléctrico

En su decisión de realizar una investigación penal por las responsabilidades, el fiscal señaló que se requiere la instrucción en las presentes actuaciones en relación con los posibles delitos que se configuren por el corte de suministro eléctrico generado el pasado 13 del corriente mes y año por la obra que realizaba la empresa Ibercom Multicom SA, contratista de Telmex SA, al momento de realizar un tendido de fibra óptica por debajo de una importante avenida de esta capital.

Y también se investiga el posible delito de violación de los deberes de funcionario público por las autoridades correspondientes del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, sostiene el dictamen fiscal, en el primer paso de la investigación penal.

Resultan imputados los directivos de las empresas privadas y los funcionarios responsables del área pertinente del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Más allá de las sanciones administrativas y las causas civiles por daños y perjuicios, lo que el fiscal promovió como investigación es la posible comisión de delitos penales. Se impondría multa, pero en el caso de los funcionarios públicos del gobierno capitalino pueden ser inhabilitados entre un mes y un año.