éxico pertenece a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el llamado Club de los ricos, una institución poderosa que en conjunto representa los grandes intereses del capitalismo global. Pero además tiene con ella un lazo muy especial, pues su secretario general no es otro que José Ángel Gurría, un conocido ex funcionario a cargo de la Hacienda en tiempos de Zedillo y a quien la voz popular apodaba el Ángel de la dependencia, mucho antes de que se vieran traducidas a la realidad las grandes promesas fallidas del Consenso de Washington. Gracias a su influyente y privilegiada situación, Gurría es una suerte de superministro e ideólogo de las reformas estructurales, el gran promotor de los cambios de fondo que, de acuerdo con los estudios y análisis elaborados por la organización, los socios deberían instrumentar. En cierta forma, la OCDE señala grandes objetivos y propone soluciones de acuerdo con su concepción del deber ser de la globalización, un mundo imperfecto en el que son innegables las diferencias y los privilegios. Nunca entendí a ciencia cierta qué papel le tocaba a nuestro país en ese club, como no sea el de asumir una postura de subordinación justo en temas cuya naturaleza exige la mayor autonomía, el máximo de imaginación colectiva y una clara visión de que la inserción en la globalidad requiere mucha más participación social y menos aquiescencia tecnocrática. Se podría repetir con Groucho Marx aquello de que nunca pertenecería a un club que admitiera como socio a alguien como yo. Pero aquí estamos. Y si algunos grupos arrogantes se vanaglorian del logro, habría que aceptar que a ellos, una minoría en la inmensidad nacional, las cosas a pesar de todo les salieron bien: son ricos, fuertes y dictan la agenda en un país empobrecido, violento y crispado. Ahora Gurría, que vino a recomendar la reforma de las pensiones, nos entrega un informe cuyas conclusiones no pueden dejar satisfecho a nadie que tenga memoria. En él se adelanta un panorama de estancamiento que ayuda a clarificar por qué crece espontáneamente la insatisfacción con las instituciones democráticas, reafirmando la necesidad de cambiar el rumbo en lugar de insistir en la misma receta. La OCDE reconoce que, y cito, las disparidades de ingresos entre los estados mexicanos, así como dentro de ellos, se encuentran entre las más altas; la diferencia entre el Distrito Federal y Chiapas, por ejemplo, es la disparidad regional más grande que hay en la comunidad de la OCDE. La pobreza continúa siendo un tema preocupante en muchos estados, al igual que la insuficiencia de una serie de servicios básicos. Los datos no por conocidos son menos alarmantes. México se estanca en un modelo desigual y excluyente, aunque el informe, paradójicamente, se inscriba en una especie de incompresible optimismo generado por las élites a contrapelo de la cotidianidad nacional, como lo prueba todo el debate presupuestal. Hay una fe ciega en las reformas, un mantra modernizador que opaca el presente e hipoteca el futuro a los intereses par­ticulares. Tiene razón Rolando Cordera cuando apunta en estas páginas (y transcribo) que en el fondo, lo que nos aqueja sin tregua es un divorcio nada amistoso entre economía y sociedad que el Estado, incluyendo al actual gobierno, no ha querido reconocer. Los pretextos y las explicaciones son muchos, pero en muy pocas ocasiones se admite que, en el fondo, la tan celebrada estabilidad macroeconómica no sólo está prendida con alfileres, como en el pasado, sino que en gran medida depende de que no haya mucho crecimiento, ni la inversión pública necesaria para empezar a trazar otra trayectoria, mucho menos el gasto social que se requiere para proteger a los más vulnerables y crear condiciones mínimas para que niños y jóvenes no vean desde su temprana edad frustrado su porvenir ( La Jornada, 18/10/15).

Gurría aboga por nuevas reformas, y muy especialmente por la de las pensiones, pero no hay autocrítica. No se ve lo obvio, pues como asegura Gustavo Leal Fernández, especialista en seguridad social y salud (en nota de Israel Rodríguez,), este es un problema estructural en el sistema de ahorro para el retiro mexicano, debido a la relación entre capitalización y ahorro por el bajo crecimiento del país y su incapacidad para generar empleo y salarios dignos. Obviamente, ni Gurría ni el gobierno, pero tampoco los corsarios empresariales a los que alude Cordera, parecen dispuestos a rescatar un sistema solidario que evite, como apuntó la investigadora Asa Cristina Laurell, pasar el costo fiscal de las pensiones a los trabajadores, particularmente al sector público, y establecer la cotización obligatoria para los trabajadores independientes que están en el sector informal y que representan 53 por ciento de la población económicamente activa.

Con todo, algo se mueve. Hay en el país actitudes críticas que reclaman otros cambios aquí y ahora. Entre ellas está una diversidad de organizaciones civiles, de prestigiados intelectuales y académicos, de sindicalistas y empresarios con responsabilidad social, que han llegado a la conclusión de que el debate debe ser tomado en serio y debe dejar de ser una simulación para darle paso a la cooperación. Al calor del Día Internacional contra la Pobreza y el comienzo del debate presupuestal, propusieron –según reseña La Jornada– una instancia amplia de diálogo para construir acuerdos sobre políticas de Estado frente a la desigualdad y la pobreza, que son los principales problemas de México. ¿Se escucharán esas voces allí dónde habitan los ángeles?