Río de Janeiro.

El presidente del Congreso de los Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, reconoció este jueves que las presuntas maniobras fiscales del gobierno de Dilma Rousseff en 2014 y 2015, señaladas en el informe del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), no serían motivo suficiente para dar inicio a un juicio de destitución (impeachment) o moción de censura en su contra, como exigen sectores de derecha y ultraderecha.

Al mismo tiempo, el Supremo Tribunal Federal (STF) ordenó el bloqueo y retención del dinero depositado en dos cuentas bancarias en Suiza que pertenecen a Cunha, cuyo monto es de unos 2 mil 466 millones de dólares. La decisión atiende a un pedido de la fiscalía general, realizado el viernes pasado, después de que las autoridades suizas transfirieron a sus pares brasileñas las denuncias sobre el presunto origen ilícito de los depósitos.

Previamente el juez del STF, Teori Zavascki, negó el pedido de secreto sumario solicitado por los abogados del diputado Cunha, en la investigación que afronta sobre sus cuentas bancarias en Suiza, que se sospecha fueron depositadas de dinero desviado de la petrolera Petrobras, en cuyo escándalo se encuentra involucrado. Cunha ha negado la existencia de dichas cuentas en el exterior.

Pero el fiscal general Eugenio Aragao aseguró que no hay dudas de que las cuentas están a nombre de él y de su esposa, ya que la documentación enviada por los fiscales suizos es categórica.

Poco antes de conocerse el bloqueo a sus cuentas, Cunha había informado que “el haber cometido maniobras fiscales no significa que existan razones para una solicitud de impeachment”, en referencia a la sentencia del TCU y a la última petición de moción de censura presentada por el jurista y fundador del Partido de los Trabajadores (PT) Hélio Bicudo, la cual incluyó las presuntas irregularidades contables señaladas por el organismo en 2015 y que, a juicio del acusador, podrían ser usadas para exigir la invalidación del actual mandato presidencial.

Es necesario demostrar que hubo una actuación en la que la presidenta incumplió la ley, añadió Cunha, distanciado de la presidenta no obstante ser miembro del cogobernante Partido del Movimiento Democrático de Brasil (PMDB).

Cunha, encargado de aceptar o rechazar los pedidos de juicio político como líder de la cámara baja, pidió cautela a la hora de analizar los argumentos de Bicudo para no sacar conclusiones precipitadas.

A pesar de los 11 pedidos de impeachment recibidos por Cunha en el último mes, ninguno consiguió aportar suficientes evidencias como para inculpar a Rousseff de un delito contra la Ley de Responsabilidad Fiscal.

Y mientras las calles de Río de Janeiro fueron escenario de una nueva protesta en demanda del proceso de impeachment de la mandataria, el diputado del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) Luiz Sergio dio a conocer la madrugada de este jueves el informe final de la comisión parlamentaria que investigó la red de corrupción en Petrobras y que, sorprendentemente, no incluyó el nombre de ningún político entre los 70 acusados. Esto, en medio de críticas de la mayoría de los partidos.

Aprobado por 17 votos contra nueve, el texto tampoco incluyó a los ex presidentes de la petrolera, José Sergio Gabrielli y Graça Foster, y se limitó a señalar a los ex directores Paulo Roberto Costa, Renato Duque, Pedro Barusco y Venina Velosa, es decir, aquellos que ya son procesados ante la justicia federal y, en la mayoría de los casos, se encuentran en prisión preventiva.