o será en San Lázaro, sino en los puentes internacionales, donde se movilicen este año los indignados agricultores mexicanos. No se van a plantar en la Cámara de Diputados para lograr incrementos en el Programa Especial Concurrente (PEC), es decir, todos los rubros del Presupuesto de Ingresos de la Federación destinados al campo. Por más que el PEC aumente, también aumentan las dificultades y penurias de los productores. Porque el presupuesto sólo es el punto de llegada de la política económica y agroalimentaria del régimen que lleva a nuestra agricultura a la catástrofe.
Tan mala es dicha política que ahora los productores se encuentran en una terrible situación: sus bodegas están llenas, pero sus bolsillos están vacíos. Han incrementado su productividad, pero los costos de producción los están devorando, además de las pésimas políticas comerciales de un gobierno que gira todo en torno a un modelo económico que sigue de fracaso en fracaso.
Esta situación, ya insostenible, es la que ha convocado a cientos de productores del estado de Chihuahua que el lunes 26 se darán cita en el Puente Internacional Córdova-Américas para manifestar su inconformidad con la manera en que el gobierno federal conduce el sector productor de alimentos. De la urgencia y de la amplitud de la problemática hablan los numerosos grupos que ahí se darán cita: maiceros, frijoleros, manzaneros, algodoneros, chileros, lecheros, transportistas.
El principal motivo y a la vez principal demanda de la movilización del próximo lunes es que el gobierno federal detenga la espiral alcista de los costos de producción para la agricultura nacional, que está golpeando fuerte diversos sistema-producto. El núcleo duro de los incrementos está en los energéticos. Las cifras que dan los productores son por demás contundentes:
El diésel agrícola en Estados Unidos cuesta el equivalente a 5 pesos el litro; mientras en México, 14 pesos con 30 centavos. Los fertilizantes, de acuerdo con el Banco Mundial, cuestan 200 dólares menos la tonelada en el mercado internacional que en nuestro país.
Comparan los precios actuales con los de 2002: en ese entonces, con el barril de petróleo a 50 dólares, los agricultores le pagaban a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 25 centavos por kilovatio/hora de energía para riego agrícola; el diésel costaba 5 pesos el litro, y la gasolina, 7 pesos. Hoy, con el precio del barril de petróleo apenas llegando a 39 dólares, la CFE cobra el kilovatio/hora a 52 centavos, el doble que hace 13 años, el precio del diésel se ha elevado en más de 180 por ciento, y el de la gasolina Magna, en casi 100 por ciento.
No sólo es el desproporcionado incremento de los energéticos, también afecta a los productores nacionales, orientados al mercado interno, la devaluación del tipo de cambio. Hay que tomar en cuenta que buena parte de las semillas mejoradas tienen que importarse, pues la estructura nacional para producirlas la desmantelaron los neoliberales. Ahora con el mismo dinero los agricultores adquieren una cuarta parte menos de las semillas, de los fertilizantes y de los agroquímicos que podían adquirir hace un año. Lo mismo sucede con las refacciones y los implementos agrícolas que tienen que reponer.
A la escalada ascendente de los costos de producción hay que agregar la persistente tendencia a la baja de los precios internacionales de las commodities, es decir, los productos agrícolas y las materias primas, que es otra puñalada a la economía de los productores.
Por si fuera poco, Aserca, la instancia gubernamental que se dedica a la fijación de precios de referencia, de subsidiar la comercialización de alimentos básicos, se encuentra muy retrasada en el pago de subsidios tanto a productores como a comercializadores. Tan sólo en Sinaloa los maiceros reclaman que se les cubran 5 mil millones de pesos que se les deben por sus cosechas. En Chihuahua Aserca adeuda un total de mil 634 millones de pesos por coberturas de maíz, frijol, algodón, trigo y sorgo y apoyos a productores y a empresas comercializadoras.
Toda esta política de costos de producción revela que la Sagarpa no es más que una dependencia de la Secretaría de Hacienda, pues la lógica que prevalece no es la de producir más y mejores alimentos para el pueblo de México, sino la de las exigencias tecnocráticas y financieras de quien maneja la política económica del país.
Está sucediendo lo que a mediados de los años 60: el sector agropecuario se encuentra exangüe de tanto transferir valor a otros sectores de la economía nacional. Está demostrando su gran capacidad productiva, pero a pesar de ello, enfrenta un serio proceso de descapitalización, en primer lugar, por la escalada de costos de producción, en segundo, por la equivocada política de precios y subsidios, y en tercero, por la integración económica internacional subordinada promovida por el gobierno federal. La negociación del Acuerdo Transpacífico a espaldas de los productores del sector agroalimentario vendrá a impactar muy negativamente la producción nacional de alimentos básicos y generará aún más desempleo en el sector.
Así, vamos directo a desmantelar el aparato productivo de alimentos y materias primas de nuestro país, para hacernos todavía más dependientes de las importaciones, tasadas con un dólar caro y compradas con un petróleo muy barato. El camino al colapso.
Esto es lo que denunciarán este lunes varias organizaciones de productores rurales desde los puentes internacionales y varias carreteras del país.
