El titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), Gustavo Salas Chávez, afirmó que bastaba que uno solo de los funcionarios detenidos por la evasión de Joaquín El Chapo Guzmán cumpliera con sus funciones para que el líder del cártel de Sinaloa no hubiera escapado.

Señaló que los integrantes de la Policía Federal (PF), del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y quienes laboraban como monitoristas en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, Altiplano, actuaron de manera omisa, ‘‘consciente y dolosa’’.

Sostuvo que el túnel por el que escapó Guzmán Loera fue construido en un plazo de entre seis y ocho meses, y para ello trabajaron día y noche en el pasadizo. Germán Valdez Estrada, El Master, fue el encargado de la construcción y desarrollo del pasadizo y ha sido el mismo que habría desarrollado más de 15 proyectos del mismo tipo entre la frontera de México y Estados Unidos.

Salas Chávez señaló que en la averiguación previa la Seido tiene ‘‘acreditado pericialmente que desde el momento en que se empezaron a escuchar ruidos extraños y se detectaron movimientos no autorizados, los responsables de la vigilancia y monitoreo del señor Guzmán nunca activaron ningún mecanismo de seguridad o de alerta.

‘‘Desde que salió de la imagen de las cámaras hasta que posteriormente intervinieron pasaron varios minutos, que coincidentemente corresponden con el tiempo estimado que pericialmente se tiene establecido que le tomó atravesar el túnel.’’

En diversas entrevistas agregó que ‘‘sin duda la evasión se pudo haber evitado, y por el número de participantes que tenemos hasta el momento es evidente que no cualquier persona se puede fugar de esos centros; el único que lo ha hecho hasta el momento, por su capacidad económica, organizativa y de desplazamiento, ha sido el señor Guzmán Loera’’.

De acuerdo con la versión que existe en la averiguación previa, se menciona que a los pocos días de que fue detenido Guzmán Loera, su grupo se empezó a organizar la compra del terreno (cercano al Altiplano). Según Gustavo Salas, el cártel de Sinaloa ‘‘ha realizado construcciones similares para las fugas de los miembros de esta organización criminal y para el trasiego de drogas’’.

El plan, dijo el funcionario, estaba encaminado a obtener la libertad de este señor (El Chapo Guzmán) a través de un túnel de esta magnitud, inédito en la historia de nuestro país y probablemente en el mundo’’.

Añadió que ‘‘a partir de ello empezaron a realizar todas las acciones tendentes a la adquisición del predio, el cual fue comprado a través de la simulación de actos procesales’’, es decir, violando la ley en la materia, de tal suerte que ‘‘un notario público se negó a la escrituración del inmueble porque se pagó en efectivo’’.

En ese contexto, Édgar Coronel Aispuro, cuñado de Guzmán Loera, se encargó de supervisar y organizar a los grupos contratados para construir el túnel para la evasión. Los trabajadores, según la información de la Seido, fueron llevados al lugar desde distintos puntos de la República, y Lázaro Araujo Burgos era la persona que se encargaba de pagar a los albañiles.

En cuanto al abogado de Guzmán Loera, Óscar Manuel Gómez Núñez, el titular de la Seido sostuvo: ‘‘Creemos que el líder de la organización, el señor Guzmán, es quien evidentemente daba instrucciones y a través de éstas desde el exterior se organizaba el plan preconcebido, la acción concertada; el abogado fue pieza fundamental y el enlace coordinador que asignaba las tareas que seguramente se transmitían desde el interior del penal’’.

Detenido, operador financiero

Por la noche, la Procuraduría General de la República informó que elementos de la Agencia de Investigación Criminal detuvieron en la ciudad de México a Arturo Díaz Díaz, identificado como uno de los operadores financieros del cártel de Sinaloa y quien trabajaba bajo las órdenes de Adelmo Niebla González, quien se fugó en 2014 de una prisión del estado de Sinaloa.

Díaz Díaz fue detenido con base en una solicitud provisional con fines de extradición del gobierno de Estados Unidos, el cual lo busca por ser presunto responsable de los delitos de asociación delictuosa y contra la salud.