La Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada (Seido) no conoce aún las causas por las cuales más de 20 funcionarios públicos colaboraron en la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, indicó el subprocurador Gustavo Salas Chávez.

Según el funcionario, la autoridad no está obligada a acreditar la motivación. Lo que hemos acreditado es que tuvieron los medios y la oportunidad, y evidentemente está demostrado su actuar omisivo.

Sin embargo, en cada investigación se menciona qué motivó la comisión o realización de un delito.

Salas Chávez declaró que respecto de los detenidos por la fuga de Guzmán Loera el pasado 11 de julio, la Seido ha establecido una integralidad en cuando a la conducta consumada; sin embargo, en respeto a sus garantías individuales, en muchos de los casos las personas se han negado a manifestar ante la autoridad su participación.

Indicó que ante esa posición de los detenidos las autoridades han demostrado su responsabilidad “a partir de otros testimonios (…) ya que hay evidencia objetiva de que los señores dejaron de realizar el actuar al que estaban obligados”.

Aseguró que la llamada alerta roja no consistía en activar un botón; es poner en conocimiento, por cualquier medio que tenga a su alcance, para evitar una fuga de esta naturaleza.

Al ser cuestionado que si la Procuraduría General de la República ya conoce las causas o motivos que tuvieron los funcionarios para colaborar en la evasión de Guzmán Loera, el titular de la Seido respondió: no tenemos ese elemento.

Luego, agregó que las motivaciones son posibles, fundamentalmente, actos de corrupción. Sin embargo, aunque hubieran sido amenazados, ellos tenían la posibilidad de hacer del conocimiento de superiores esta circunstancia para evitar la fuga; es decir, no se justificaría una amenaza para facilitar la salida al hoy evadido.

El titular de la Seido sostuvo que en caso de ser detenido el líder del cártel de Sinaloa, en primer término tendrá que atender las órdenes de reaprehensión que existen en su contra, que son 10, y por supuesto también existe una solicitud de extradición de Estados Unidos, la cual se tramita en paralelo.

La Seido obtuvo información por la cual se ejerció acción penal en contra del vendedor del predio –desde que se construyó el túnel que desembocó en la celda de Guzmán Loera–, porque sabía que se estaban violando diversas disposiciones y se prestó a la simulación de un juicio, “es lo que se conoce como fraude procesal.

En algún momento, su abogado manifestó que el señor es una persona de origen humilde, de escasos conocimientos en general, que es un campesino, pero no es cierto. El señor es una persona que tiene recursos, que maneja cuentas bancarias; se ha identificado que tiene diversas actividades económicas que le reportan ingresos importantes, por tanto no es ajeno a las actividades mercantiles o a las encaminadas a la adquisición de predios y no podía él invocar un desconocimiento del hecho.