El presidente del Senado, el panista Roberto Gil Zuarth, destacó que ocho de cada 10 mujeres en el país fueron sentenciadas por delitos contra la salud; una de cada 100 tiene antecedentes penales, y nueve de cada 10 no portaban armas al momento de su detención. En suma, la mayoría de ellas no constituyen un riesgo significativo para sus comunidades, pero su encarcelamiento sí afecta directamente la integridad de sus familias.

Al participar en el foro Mujeres en el sistema penitenciario: el reto de impartir justicia con perspectiva de género, el panista indicó que en marzo de 2014 presentó una iniciativa de reformas para autorizar la preliberación de personas sentenciadas por delitos patrimoniales de baja cuantía, por delitos contra la salud sin violencia y sin antecedentes penales por comisión de ilícitos, con la que, si se aprobara, aproximadamente 14 mil mujeres podrían salir de centros federales de reclusión.

Gil Zuarth subrayó en esa iniciativa que presentó en la pasada legislatura que todas las personas que hayan sido sentenciadas por el delito de posesión de mariguana sin fines de comercio o suministro podrían acceder de manera inmediata al beneficio de la libertad anticipada.

En esa propuesta señala que el propósito de su iniciativa es liberar a quienes hoy purgan condenas relacionadas a la violación al artículo 477 de la Ley General de Salud.

De acuerdo con la actual legislación, una persona puede portar hasta cinco gramos de mariguana para consumo personal e inmediato, y si lleva más de ese monto, será sancionada con 10 meses a tres años de prisión y hasta 90 días de multa.

Refiere en esa iniciativa que 80 por ciento de las mujeres internas fueron sentenciadas por delitos contra la salud. Dada la participación relativamente menor de ellas en las cadenas de narcotráfico, pareciera que el esfuerzo penal está concentrado de manera desproporcionada en un sector cuyo peso relativo en el problema es francamente menor.

Nischa Pieris, de la Comisión Interamericana de Mujeres, de la Organización de Estados Americanos, señaló que quienes participan en el tráfico de drogas reciben penas altas, desproporcionadas con respecto a otros delitos, además de ser uno de los principales factores de hacinamiento ya que la prisión es obligatoria, para cualquier infracción de enervantes, por lo que para lograr soluciones eficaces y de largo plazo se requiere un análisis de género.

Por su parte, el también presidente de la comisión de Justicia, el senador panista Fernando Yunes, subrayó que hablar del sistema penitenciario mexicano para mujeres es hablar de violación de derechos humanos, de injusticia, de falta de equidad y de un drama social de muchas familias mexicanas, en especial, de niños que crecen lejos de sus madres o en condiciones de desigualdad.