El gobierno federal está cumpliendo con puntualidad con la entrega de televisores para realizar el apagón analógico como manda la reforma constitucional, aseguró el secretario de Comunicaciones, Gerardo Ruiz Esparza, al defender el trabajo que tiene en marcha la dependencia para cumplir con el mandato constitucional de entregar 9.4 millones de televisores a los hogares del país, y apagar la señal analógica a más tardar el 31 de diciembre.

Mientras, entre especialistas en telecomunicaciones hay diferencias sobre si se debe apagar o no la señal, y sobre la prórroga que se podría acordar y la estrategia a seguir, tomando en cuenta que en 2016 habrá elecciones en más de una decena de estados.

En lo que hay plena coincidencia es que el eventual retraso del apagón analógico en México es un escándalo internacional; las iniciativas presentadas por los senadores Javier Lozano y Zoé Robledo no tienen sustento técnico, son populistas y responden a los intereses de Televisa, que busca proteger su plan de negocios, destacan especialistas.

Subrayaron que el impacto directo del atraso caerá sobre la misma población que se dice proteger y que no recibirá los beneficios que podría tener con el rápido desarrollo de la red compartida, y además perjudicará a Cadena Tres, que podría demandar por daños y perjuicios, debido a que la licitación en la que ganó la tercera cadena de televisión abierta no estaba protegida sólo por la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, sino por la propia Constitución.

En entrevista radiofónica, Ruiz Esparza confirmó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) entregará los 9.4 millones de televisores digitales en los hogares seleccionados por la Secretaría de Desarrollo Social, que son casi la tercera parte de los 30 millones de hogares del país.

Destacó que mediante el programa de transición a la televisión digital terrestre (TDT) se recuperará la banda de 700 megahercios, que se usará para desarrollar la red compartida para servicios mayoristas que, junto con la red troncal, servirá para llevar servicios de telecomunicaciones a la población que ahora no está conectada, y así aumentar la competencia en el sector.

Se trata, dijo el funcionario, de una política sin precedente, debido a que en ningún otro país que haya apagado se hicieron llegar los aparatos a los hogares más pobres. En Estados Unidos se entregaron dos vales con los que se cubría una parte del costo del televisor. La SCT no ha detenido la entrega de televisores, que llegan ya a 6 millones 400 mil, de manera que faltan poco más de 3 millones.

Aleida Calleja, ex presidenta de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), señaló que las iniciativas de los senadores Javier Lozano y Zoé Robledo no tienen justificación, y en realidad se trata de un regalo político para Televisa. Aseguró que esta es una pésima señal para los inversionistas, porque la licitación de la red compartida y las afectaciones a Cadena Tres no serán por una cuestión administrativa, sino debido al cabildeo de una televisora, y la decisión del Legislativo de modificar ni más ni menos que la Constitución.

Destacó que no es correcto dejar a parte de la población sin señal de televisión, pero es peor dejarla sin servicios de telecomunicaciones. Señaló que el apagón debe realizarse, y con datos reales de ciudadanos sin señal poner en marcha un plan de apoyo para entregar televisores o decodificadores, lo que sea más conveniente.

Ramiro Tovar, académico del ITAM, criticó que el Senado de la República actúe respondiendo a las necesidades de las televisoras que quieren retrasar el apagón, porque al no haber cobertura suficiente no pueden garantizar audiencias e imponer tarifas a sus anunciantes.

Alertó que si se repite la experiencia de Monterrey, en el país la cifra de 10 por ciento de la población sin señal es muy significativa, y afirmó que hay un costo político que nadie quiere asumir.