Río de Janeiro.

La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, abordó este lunes en entrevista el cuidado que se debe tener con las solicitudes para iniciar un juicio político contra ella para destituirla de su cargo, porque la democracia en el país aún está en la adolescencia.

Rousseff, quien hace un año fue relecta en apretadas elecciones, apuntó que algunos de sus rivales no se conformaron con los resultados electorales, y que “el gran problema con aquellos que quieren mi impeachment (juicio de destitución) es la falta de motivación”.

Sobre las dificultades que vive la economía brasileña, comentó que el país perdió una oportunidad de oro para hacer reformas en la economía en los años anteriores, cuando el escenario económico era bueno.

Pero reconoció que el mayor valor que conquistamos en este periodo fue transformar Brasil en una economía de clase media con un gran mercado consumidor, y resaltó que en los últimos años 36 millones de brasileños salieron de la miseria.

En otro orden, la policía federal brasileña allanó este lunes las oficinas de la empresa LFT Márketing Esportivo, perteneciente a Luis Claudio Lula da Silva, hijo del ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, en una causa que investiga fraudes para perjudicar al fisco.

La Operación zelotes (falso celo) se realizó en Brasilia y en los estados de Sao Paulo, Piaui y Maranhao y movilizó a 100 agentes que llevaban órdenes de incautar documentos, registros contables y órdenes de aprehensión y prisión preventiva.

La empresa está involucrada en una investigación sobre un esquema que adultera multas tributarias dentro de un organismo público federal, para reducir sus gastos, lo que habría causado un perjuicio al Estado por 5 mil 900 millones de dólares.

Las averiguaciones comenzaron el 26 de marzo para investigar la manipulación de los procesos llevados a cabo en el Consejo de Administración de Recursos Federales (CARF) por diversos consorcios empresariales, lo que habría significado la aprobación de importantes incentivos fiscales en favor de las empresas del sector automovilístico.

Algunos consejeros de ese organismo aceptaron y promovieron sobornos de grandes empresas que debían abonar millonarias multas a la Hacienda federal, a cambio de fallar a su favor en los juicios y rebajar o ahorrarles, así, el pago de los impuestos.

En esta operación también fue detenido Mauro Marcondes Machado, directivo de la Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Automotores, con otras cuatro personas, a quienes se investiga por actos de corrupción en el sector público y privado.

El gobierno de Brasil fue sacudido este año por la revelación de una gigantesca red de estafas en la estatal Petrobras que llevó a prisión a encumbrados empresarios de la construcción, políticos y ex directivos de la empresa.