a terminado en Guerrero un periodo de gobiernos presuntamente izquierdistas, que confirmó la condición fallida de las expectativas de cambio a través de las fórmulas partidistas de entonces y de ahora, convertida esa entidad en un remolino de problemas y confrontaciones en todos los órdenes, con el PRI de vuelta al poder y sin expectativas de mejoría verdadera.

Históricamente difícil de gobernar, tierra de caciques (los Figueroa, como ejemplo depurado), con la violencia como método frecuente, el estado con capital en Chilpancingo fue dominado por facciones de tres colores hasta que el 6 de febrero de 2005 el empresario Zeferino Torreblanca Galindo (Guadalajara, marzo de 1954) ganó en nombre del Partido de la Revolución Democrática, con el mismo priísta de ahora, Astudillo, como contrincante. En 1999 Torreblanca había sido presidente municipal de Acapulco en nombre del PRD, pero siempre con el beneplácito del panismo, que no presentó candidato en aquella ocasión para dejar el paso libre a un político que en los cargos públicos acabó demostrando que Acción Nacional tenía razón al considerarlo muy cercano.

El siguiente perredista en gobernar Guerrero provino de una cocción al vapor. Siempre priísta, incluso cercano a Enrique Peña Nieto, Ángel Aguirre Rivero no fue postulado por el PRI a la sucesión de Torreblanca (el tricolor hizo candidato a Manuel Añorve Baños, primo del propio Aguirre Rivero) y de un día para otro pasó al sol azteca, en una operación en la que participó activamente el entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, con otra cesión de facto del PAN en favor de Ángel, en el contexto de las alianzas que en varios estados realizaron Acción Nacional y el PRD. Ganó Aguirre para un periodo que fue recortado para quedar en cuatro años y siete meses, a fin de empatar los comicios locales con los federales. Durante tres años, Aguirre había sido gobernador sustituto de Rubén Figueroa Alcocer, luego de la matanza de Aguas Blancas que hizo caer al mandatario de mano dura en 1996. Ironías de la historia: Aguirre cayó en octubre de 2014 a causa de otra tragedia causada desde el poder, la desaparición de normalistas en Iguala. En su lugar quedó, durante un año, el sociólogo Rogelio Ortega Martínez, con experiencia en política de la Universidad Autónoma de Guerrero.

Tan peculiar ciclo perredista (Torreblanca, filopanista, ya abiertamente declarado ahora como parte de la corriente de blanco y azul; Aguirre, priísta dinosáurico, luego adquirente de una credencial del sol azteca; Ortega, maniatado por las circunstancias, incapaz de hacer algo más que sobrellevar las cosas) terminó con la tragedia de Ayotzinapa como principal referente. El PRD no pudo remontar la condena extendida por las maniobras que le han llevado a postular a personajes con evidencias oscuras (en el municipio capitalino de San Luis Potosí hizo lo mismo, llevando a la presidencia al mismo grupo, los Gallardo, que según el mando central perredista era una repetición del esquema de Iguala) e incluso pareció dejar el camino libre a un priísta, pues el aspirante más fuerte a la candidatura del PRD, Armando Ríos Píter, se negó a ser postulado, con lo que el sol azteca se concentró en ganar la compensatoria gubernatura de Michoacán, con Silvano Aureoles como carta muy bien vista y promovida por Los Pinos.

La batalla electoral en Guerrero se centró en PRI y PRD (Astudillo y Beatriz Mojica, respectivamente, como candidatos), con un reparto final de piezas que permitirá a estos partidos controlar la política del estado, bajo la batuta del tricolor. Morena presentó un candidato con gran preparación y congruencia política, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, pero quedó abajo del tres por ciento de la votación general. El ex comentarista deportivo, Jorge Camacho, casi llegó al cinco por ciento. Y Luis Walton, de Movimiento Ciudadano, ocho por ciento.

La construcción de la candidatura formalmente triunfadora, la de Astudillo, no parece provenir de acuerdos sólidos entre los grupos priístas en constante pugna, y las condiciones presupuestales son terribles, sin dinero para los compromisos inmediatos. Todo ello en medio de una ebullición social que ha llegado a niveles muy altos de protesta, en ocasiones con tintes de revuelta, con el tema de los normalistas desaparecidos como herida abierta y como motor y ejemplo de una lucha que no cesa.

Una intensa discusión (sobre todo en Twitter) se ha desatado a partir del envenenamiento de perros en un parque de la colonia Condesa, en la ciudad de México, y del conocimiento de que las primeras investigaciones apuntan como presunta responsable (aún no detenida) a una mujer de 75 años, quien según las primeras versiones estaría harta de las heces caninas no recogidas por dueños irresponsables.

Sin justificar las acciones criminales contra esos animales, los hechos de la Condesa colocan sobre la mesa de análisis el extendido problema de los propietarios de mascotas que usan espacios públicos (parques y jardines, principalmente) para pasearlos sin control (lo cual ha producido casos de agresiones peligrosas) y, sobre todo, para los naturales desahogos intestinales que con mucha frecuencia no son recogidos por los dueños en bolsas de plástico o que incluso, habiendo sido recogidas así, luego son abandonadas a medio camino.

En estas situaciones los límites de un derecho están establecidos por los derechos de los demás, y nadie puede obligar a personas que no aman a los animales (el autor de estas líneas ama a los perros) a someterse a ciertos abusos urbanos de moda, de pasear canes sin correa ni control y dejar su excremento por doquier. Problemas son, desde luego, causados por la falta de regulación y de su cumplimiento, en un México donde la convivencia social tiene aristas difíciles y tensas.

Y, mientras la Línea dorada abre algunas de las estaciones cerradas por razones técnicas que embonaron oportunamente con la poderosa Operación Marcelo, ¡hasta mañana!

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